El Govern exige al Estado más inversión y control real del litoral balear

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua del Govern de las Illes Balears, Juan Manuel Lafuente, ha exigido hoy en el Senado una revisión del actual modelo de gestión del litoral para que Balears pueda ejercer un control real sobre su costa y para que los recursos económicos que genera reviertan en el propio territorio. Lafuente ha realizado esta reivindicación durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en el marco del debate de la moción para instar al Gobierno a garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y la lealtad institucional en la modificación del Reglamento General de Costas.

Durante su intervención, el conseller ha puesto el foco en las limitaciones del actual modelo estatal y ha defendido la necesidad de reforzar la capacidad de decisión de las comunidades autónomas. En este sentido, ha señalado que, en el caso de Balears, «tenemos competencias en el papel, pero no tenemos el control real».

En esta línea, ha recordado que el traspaso de competencias en materia de costas, formalizado en 2023, «fue un traspaso incompleto, infradotado», lo que limita la capacidad de la comunidad autónoma para gestionar eficazmente su litoral. Uno de los principales ejemplos es el canon del dominio público marítimo-terrestre: Balears asume la gestión, inspección y tramitación, pero los ingresos —en torno a 12 millones de euros anuales— continúan en manos del Estado y no revierten en las islas. Tal y como ha señalado, «Balears gestiona, inspecciona y tramita, pero el dinero no se queda aquí».

En este contexto, Lafuente ha denunciado la falta de coordinación institucional y ha señalado que no se ha podido convocar la Comisión Bilateral y que en tres años tampoco se ha celebrado ninguna Conferencia Sectorial en materia de costas, lo que dificulta avanzar en soluciones conjuntas y en una verdadera cogobernanza. Tal y como recoge la moción debatida en el Senado, resulta necesario reforzar los mecanismos de cooperación y garantizar una participación efectiva de las comunidades autónomas en la toma de decisiones .

Asimismo, el conseller ha advertido de que el Estado ha incrementado de forma notable los cánones del dominio público marítimo-terrestre, llegando a duplicar e incluso triplicar los importes que deben abonar los interesados, sin que ese aumento tenga una repercusión directa en Baleares. En este sentido, ha reclamado que estos recursos reviertan en el territorio para mejorar la gestión del litoral, reforzar la inversión y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

El conseller también ha cargado contra la falta de claridad del Ministerio en proyectos como los campos de boyas ecológicas y ha exigido que concrete su propuesta. Lafuente ha denunciado los continuos cambios de criterio y la ausencia de información sobre aspectos clave como los plazos, la financiación y el reparto de competencias, una situación que, a su juicio, «genera inseguridad y bloquea la gestión». Además, ha advertido de que este cambio de planteamiento hace inviable que los proyectos puedan estar operativos este verano.

Asimismo, ha advertido de que la dependencia del Estado en decisiones clave, como concesiones o deslindes, provoca retrasos administrativos, inseguridad jurídica y limita la capacidad de respuesta ante las necesidades del litoral balear.

Durante su intervención, Lafuente ha reivindicado la singularidad del litoral de las islas y ha defendido que la normativa estatal debe adaptarse a la realidad de cada territorio, tanto desde el punto de vista ambiental como económico y social.

El conseller ha reiterado que el Govern apuesta por una gestión equilibrada que combine la protección del medio natural con el mantenimiento de las actividades económicas y los usos tradicionales, y ha insistido en la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación entre administraciones desde una actitud constructiva.

En la misma línea, durante el debate también se ha defendido una enmienda que reclama una moratoria inmediata de los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre actualmente en curso en todo el litoral español, hasta que el Congreso tramite la proposición de ley aprobada por el Senado para proteger los núcleos tradicionales costeros con valor etnográfico. La propuesta plantea suspender actuaciones que puedan derivar en reversiones, demoliciones o limitaciones de los derechos de los ciudadanos afectados, con el objetivo de aportar seguridad jurídica y evitar perjuicios irreversibles.

Finalmente, Lafuente ha insistido en la necesidad de corregir el modelo actual y ha reclamado que «los recursos que genera nuestra costa se queden en nuestra costa», en beneficio de su conservación, su gestión y su desarrollo.