La ministra de sanidad apuesta por la evidencia científica para combatir las adicciones

La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha apostado por la evidencia científica para combatir las adicciones. “La evidencia científica es un elemento esencial para adoptar decisiones en cualquier sector de políticas públicas y, lo es aún más, cuando hablamos de políticas sanitarias y sociales que tan directamente afectan a la vida de las personas”. Así lo ha defendido en el primer Encuentro sobre Investigación en Adicciones, que se celebra hoy, organizado por el Plan Nacional sobre Drogas.

La Ministra ha explicado que pretende “conectar las más recientes evidencias sobre adicciones con la búsqueda de soluciones para los problemas públicos”. De hecho, la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 considera la “mejora del conocimiento científico básico y aplicado” un área prioritaria. “En esta línea se enmarcan las convocatorias de ayudas al desarrollo de proyectos de investigación en adicciones que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas viene apoyando y financiando desde hace varios años”, ha explicado.

Carcedo se ha detenido en destacar las evidencias científicas más recientes sobre el consumo de alcohol. “El consumo de bebidas alcohólicas, incluso entre menores, es un comportamiento que goza de amplia aceptación social en España, a pesar de sus probados efectivos nocivos sobre la salud”, ha explicado. “Los menores son un colectivo prioritario en la labor de este Gobierno y de este Ministerio”, ha recordado.

Según la última Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), el alcohol es la sustancia psicoactiva de consumo más generalizado entre estudiantes de 14 a 18 años. Así, en 2016, el 77% de los menores afirmaba haber consumido alcohol alguna vez en su vida. El 76% manifestó que lo había hecho alguna vez en el último año y un 67% en el último mes.

“Además, la edad de inicio del consumo de alcohol en España es muy baja, entre 14 y 15 años, tanto para consumo ocasional como para el consumo con periodicidad establecida”, ha hecho hincapié la Ministra. “Sabemos que ese inicio temprano influye y condiciona el patrón de consumo de otras sustancias psicoactivas, la aparición de abuso y adicción, así como la magnitud de los efectos producidos sobre los consumidores”, ha explicado.

La Ministra también ha puesto el foco en “las grandes cantidades que ingieren los menores, sobre todo los fines de semana”. Alrededor de 700.000 menores admiten beber cinco o más copas o cañas en menos de dos horas. “Esta evolución hacia el consumo de atracón provocó el ingreso de al menos 6.000 menores por comas etílicos en 2016”, ha detallado Carcedo.

“Dadas estas cifras, podemos concluir que los jóvenes siguen percibiendo que el alcohol es un producto sin riesgos, muy accesible y socialmente normalizado”, ha concluido la Ministra. “Queda claro que el consumo de alcohol entre los menores es un problema que tenemos que abordar como sociedad”, ha insistido.

“Por ello, una jornada como la de hoy es fundamental. Debe servir para que esto cambie y podemos diseñar políticas basadas en la evidencia que sean capaces de darnos soluciones al problema del consumo de alcohol por los jóvenes”, ha destacado. En esta línea la Ministra ha anunciado que “el Ministerio abordará este problema social en la próxima legislatura con un amplio abanico de medidas orientadas a prevenir de forma eficaz el consumo de bebidas alcohólicas por los menores”.

Según ha detallado, “se trata de persuadir a nuestros jóvenes y no castigarlos y se trata de convencer a la sociedad española de que no puede banalizarse una práctica con tan graves consecuencias en la salud y en la sociedad”.

La Ministra ha agradecido a la comunidad científica el trabajo realizado: “Su labor y las evidencias que ésta genera, deberían ser la piedra angular sobre la que diseñar políticas públicas eficaces y justas”. Y ha destacado su compromiso para seguir contando con investigadores, institutos científicos, hospitales, profesionales socio-sanitarios, sociedades científicas, entidades sociales, representantes de las asociaciones de madres y padres, comunicadores y responsables políticos.