Actualizado el 22/10/2026 18:32 Compartir
El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y el director general de Pesca, Antoni M. Grau, se han reunido hoy en Ciutadella con representantes de las cofradías de pescadores de Menorca y del norte de Mallorca para tratar las nuevas restricciones a la pesca profesional que plantea la Administración del Estado, en concreto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el canal de Menorca. En el encuentro también han participado la consellera de Economía y Servicios Generales del Consell Insular de Menorca, Maria Antònia Taltavull, y el presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Domingo Bonnín.
Desde la Conselleria se ha expresado la total oposición a ampliar las zonas vedadas a la pesca de arrastre y a la pesca de la langosta, ya que esta ampliación no está justificada por los valores que motivaron la protección del espacio ni por la información científica que ha analizado la Dirección General de Pesca, que indica que las condiciones han mejorado significativamente desde 2016. Además, se ha advertido de las consecuencias que la reducción de los caladeros disponibles podría tener para las flotas de Ciutadella, Alcúdia, Pollença y Cala Rajada.
En este sentido, Simonet ha señalado durante la reunión que «nos oponemos a la ampliación planteada, que consideramos desproporcionada porque, según la valoración de la Dirección General de Pesca, no está justificada con la información científica analizada. Las restricciones vigentes protegen los hábitats que motivaron los cierres de 2016. Cualquier modificación debe acreditar su necesidad y, sobre todo, valorar las graves consecuencias que puede tener para nuestra flota, principalmente, de Ciutadella, Alcúdia, Pollença y Cala Rajada».
Durante la reunión, la Conselleria y los representantes del sector pesquero han acordado actuar de manera coordinada ante la Administración del Estado para manifestar su oposición a las nuevas restricciones planteadas. En este sentido, la Conselleria ha reiterado que comparte las preocupaciones del sector y que apoyará sus reivindicaciones ante el Estado, con el objetivo de defender los intereses de las flotas afectadas.
Cabe recordar que el canal de Menorca tiene un elevado valor natural y pesquero, y la Dirección General de Pesca lo identifica como la pesquería de langosta más importante de las Illes Balears. El espacio marino de la red Natura 2000, de competencia estatal, abarca aproximadamente 3.353,5 kilómetros cuadrados, una extensión mucho mayor que el paso marítimo entre Mallorca y Menorca.
Desde 2016, una orden ministerial prohíbe la pesca de arrastre en dos áreas de unos 1.300 km² del canal de Menorca para proteger los fondos coralígenos y los mantos de rodolitos, formados por algas calcáreas. La Conselleria ha reconocido que comparte la necesidad de proteger estos hábitats, de acuerdo con la normativa europea, y ha centrado su discrepancia en la ampliación de las zonas cerradas. La norma de 2016 diferenció los fondos según la cobertura de rodolitos, con un criterio de presencia predominante. La Dirección General de Pesca considera que la zonificación debe responder a la distribución y las características de los hábitats protegidos y que la presencia dispersa de rodolitos no justifica, por sí misma, extender los cierres.
El seguimiento del Instituto Español de Oceanografía ha documentado la recuperación de hábitats vulnerables después de las prohibiciones de la pesca de arrastre. En la misma línea que el conseller, el director general de Pesca ha subrayado que «cualquier revisión debe valorar estos resultados y las medidas ya vigentes, y fundamentarse en una cartografía actualizada y en una evaluación de las consecuencias para la actividad pesquera».
Simonet y Grau han insistido en la importancia de que cualquier modificación de las restricciones vigentes esté respaldada por criterios científicos y tenga en cuenta tanto la protección de los hábitats marinos como las consecuencias para la actividad pesquera. Asimismo, han destacado la necesidad de contar con la participación de los pescadores afectados en la definición de estas medidas.
Asimismo, durante el encuentro también se han abordado otras cuestiones de interés para el sector pesquero que afectan al desarrollo de su actividad. En este sentido, la Conselleria y los representantes del sector han coincidido en la importancia de seguir trabajando en la cogestión para garantizar la viabilidad y rentabilidad de la pesca profesional en las Illes Balears.
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