Actualizado el 20/04/2016 11:45 Compartir
En concreto, y según han denunciado con motivo del cuarto aniversario de esta norma que impulsó la entonces ministra de Sanidad Ana Mato, entre agosto de 2015 y marzo de este año han detectado 541 vulneraciones que se suman a los más de 1.500 casos documentados en el informe anterior elaborado por esta plataforma.
Las barreras administrativas (188) y la falta de información (251) suman más de la mitad de las incidencias, seguidas por la emisión de facturas por atención en los servicios de urgencia. La mayoría de los casos se producen, por este orden, en los centros de salud, en los hospitales y en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Además, la información recopilada por las organizaciones que integran la red incluye también incumplimientos de la propia normativa, como los 36 casos de niños a quienes se les ha denegado la tarjeta sanitaria, las 47 incidencias en urgencias por negación de asistencia o por intento de cobro, y las 28 mujeres embarazadas que no han conseguido acceso a tratamiento o seguimiento de su gestación.
Teniendo en cuenta la nacionalidad de los afectados, quienes más sufren los efectos de esta norma proceden de países latinoamericanos (49%) y comunitarios (22%), seguidos de los subsaharianos (13%).
Esta red también tiene identificadas al menos 20 personas de avanzada edad que siguen sin poder acceder de forma normalizada a la atención sanitaria pública pese a haber llegado a España a través de un proceso de reagrupación familiar y, por tanto, "quedan absolutamente al margen del sistema sanitario, sin acceso a servicios que les son imprescindibles".
Una situación que, para REDER, demuestra que "cuatro años después de la aprobación de la reforma que acabó con la sanidad universal en España el problema sigue siendo la vigencia de esta norma arbitraria e injusta", ha denunciado esta red, que celebra que 14 de las 17 comunidades autónomas hayan aprobado algún tipo de medidas "paliativas" para contrarrestar sus efectos.
Pero, pese a estos avances, denuncian que los gobiernos autonómicos "carecen de competencia para revertir la profunda modificación del sistema sanitario que supuso la reforma de 2012" y no pueden devolver el derecho humano a la asistencia sanitaria "arrebatado" por el actual Gobierno en funciones a más de 800.000 personas.
Con motivo de este cuarto aniversario de la reforma sanitaria, diferentes municipios y entidades regionales se movilizarán promoviendo mociones en ayuntamientos (La Coruña, Santiago, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Huesca, Toledo o Santander, entre otros), Proposiciones No de Ley en parlamentos autonómicos (como los de Cataluña, Canarias, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y Baleares) y convocando concentraciones de protesta ante algunos consistorios.
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