El PSIB-PSOE presenta 200 enmiendas para revertir los efectos del decreto ley de depredación y dar solución a los principales retos de las islas

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado alrededor de 200 enmiendas al decreto ley de simplificación administrativa, que actualmente se está tramitando como proyecto de ley en el Parlamento de las Islas Baleares, con el objetivo de detener la depredación y el mal en el territorio que supone esta normativa antes de que sea demasiado tarde, y volver al consenso territorial y urbanístico en nuestra comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado el portavoz, Iago Negueruela, quien ha recordado que el decreto ley, que tiene aviso de inconstitucionalidad por parte del Estado, “fomenta más plazas turísticas, ahora que incluso pretenden hacerlo en explotaciones agrícolas ; más mansiones en rústico y también en zonas inundables; mayor saturación en las carreteras, legalización de actividades en rústicos y elimina controles”.

Por eso, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista van en la línea de detener la destrucción irreversible del territorio, pero también de proponer soluciones a los problemas emergentes que viven las islas.

En concreto, los socialistas piden que se detengan todas las legalizaciones sin excepciones, medidas para fomentar la vivienda asequible, medidas contra el turismo de excesos y soluciones a problemáticas emergentes como la invasión de espacios rústicos y naturales de enormes flotas de vehículos recreativos.

"Si el PP de verdad quiere poner límites debe votar sí a estas enmiendas y demostrarlo con hechos, dando marcha atrás y deteniendo la locura que supone el decreto ley", ha destacado Negueruela.

Aún así, Negueruela ha advertido que "para nosotros hay artículos que no son enmendables, en los que no ninguna otra salida que su derogación total", como puede ser la amnistía urbanística en suelo rústico, sobre la que "no hay ha posibilidad de acuerdo”.

Por su parte, la diputada Mercedes Garrido concretó las enmiendas socialistas, con las que se pretende detener la legalización de 30.000 viviendas y piscinas, que afectan gravemente a recursos naturales como el agua. "No hay más mejora que la supresión del artículo", ha reiterado la socialista.

En cuanto a las zonas inundables, los socialistas reclaman recuperar las restricciones a la construcción en estas zonas y frenar cualquier legalización en estas áreas, que ponen en peligro a quienes las ocupan y al resto de la ciudadanía, como se demuestra con cada DANA. "Las inundaciones de Sant Llorenç nos dieron una lección a todos que el PP no ha aprendido", ha alertado Garrido.

En relación con las zonas protegidas, se propone prohibir la circulación de bujías, quads y similares, por su impacto en un territorio frágil y los problemas que conllevan a los vecindarios.

Sin embargo, los socialistas plantean una disposición que permitirá a los ayuntamientos modificar su planeamiento municipal para incluir aparcamientos disuasorios en los municipios, y no en las playas como está haciendo en el PP. Estos párkings tendrán una serie de requisitos, como estar en suelo urbano o urbanizable, y si no pueden estar, se pueden poner dentro de área de transición. También tendrán que ser de gestión municipal, estar apegados dentro de la red de calles, se tendrán que conectar con la red de transporte público y tendrán que pasar por tramitación ambiental.

En el ámbito turístico, los socialistas pretenden recuperar las zonas afectadas por las restricciones de lucha contra el turismo de excesos, "porque todos los sectores económicos coinciden en que la regresión aprobada por el PP está fomentando un modelo que estaba en retroceso" , ha asegurado Garrido.

Además, se pretende recuperar el uso del Impuesto del Turismo Sostenible para construir vivienda protegida, convirtiendo espacios de grandes centros comerciales en espacios para construir VPO.

Por último, los socialistas apuestan por recuperar la prohibición de entrada de nuevos vehículos diésel en las islas y recuperar, también, los plazos y porcentajes de la flota de vehículos de alquiler que deben ser eléctricos.