Actualizado el 24/01/2023 18:06 Compartir
El Parlament de las Illes Balears ha aprobado, este martes, la modificación de la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). Esta normativa tiene por objetivo, por un lado, unificar, armonizar y simplificar el régimen jurídico aplicable al procedimiento de elaboración de los diferentes planes ambientales y de declaración de los espacios naturales protegidos, incorporando, además, los principios y directrices de la normativa de acceso a la información y participación pública en materia de medio ambiente. Por otro lado, se introducen mecanismos para lograr los objetivos de la Estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad 2030.
Las medidas previstas, pues, van encaminadas a actualizar un contexto normativo que ha cambiado notablemente y a salvaguardar los valores naturales a proteger. En este sentido, el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha asegurado que «cambiar el modelo territorial es básico si queremos unas islas más resilientes frente el cambio climático».
En esta línea, Mir ha explicado que «esta es una modificación necesaria, tanto a nivel técnico como a nivel social. El entorno en que vivimos ha cambiado mucho desde que se aprobó la LECO y, por lo tanto, la normativa se tiene que adaptar».
La modificación de la LECO gira alrededor de tres ejes principales: la protección preventiva, el fomento de la restauración ambiental y la conservación de la biodiversidad. Así, en cuanto al primer punto, se establece un nuevo régimen que permitirá suspender licencias municipales o parar la tramitación de planes urbanísticos con incidencia sobre el territorio durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) o de un Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000. Además, se podrán paralizar explotaciones en curso y suspender permisos y concesiones mineras en casos de daños medioambientales o amenaza inminente de daños y mediante un acuerdo del Consell de Govern debidamente justificado.
De este modo, se pretende asegurar la salvaguarda de los valores naturales a proteger. En este sentido, las medidas de protección cautelar que se aplican durante el procedimiento de tramitación de alguna figura de protección se extienden a las figuras europeas de la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA). Es decir, en el momento que se empiece a tramitar cualquiera de estos procedimientos y hasta que se aprueben no se puede otorgar ninguna autorización que permita alterar el medio sin un informe favorable. Hasta el momento, esta protección solo se aplicaba en la tramitación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales.
En cuanto a la protección de la biodiversidad, la modificación de la LECO prevé la creación de un Catálogo de especies exóticas invasoras de las Illes Balears, una herramienta para establecer aquellas actuaciones prohibidas y protocolos para evitar la entrada de este tipo de especies en las Illes Balears y para llevar a cabo el control y erradicación. Igualmente, se creará un protocolo en materia de bioseguridad para coordinar actuaciones y medidas.
Se crea, además, el Fondo de Patrimonio Natural de las Illes Balears, que sigue el espíritu del Fondo Posidonia y servirá para establecer medidas de compensación económicas ante determinadas actuaciones.
La modificación de la LECO también prevé que se ponga en marcha un proyecto de ley del patrimonio natural de las Illes Balears ante el Parlament en un plazo de 4 años desde la entrada en vigor.
Validación del Decreto 10/2022
El Parlament de las Illes Balears también ha validado, este martes, el Decreto 10/2022 de medidas urgentes en materia urbanística. En él se prevén medidas de contención de nueva urbanización para seguir desarrollando un nuevo modelo territorial donde el eje primordial sea la sostenibilidad y rehabilitación urbana para frenar la expansión hacia el suelo rústico.
Así mismo, se consolida la protección de 145 hectáreas con la declaración de nuevas Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) en Cala Jondal, barrancs de Son Gual y Xorrigo y áreas naturales de la Serra de Tramunana, así como Es Trenc. En este espacio también se han declarado 11 hectáreas como Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP).
El Decreto también prevé medidas para el ahorro de agua, como por ejemplo el fomento del uso de aguas regeneradas para la limpieza y mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras municipales o la recogida de aguas pluviales de las cubiertas de las edificaciones en suelo rústico no vinculadas a explotaciones agrarias para su reutilización. Igualmente, se extiende la medida que limita a una piscina por finca con una medida inferior a los 35m2 y un volumen que no sobrepase los 60m3 en las Pitiüses.
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