El Grupo Parlamentario Socialista reclama que la movilidad sostenible sea considerada como un nuevo derecho de ciudadanía

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial para dar un impulso a la nueva ley de Movilidad Sostenible de las Islas Baleares y que esta movilidad sea considerada y declarada como un nuevo derecho fundamental de la ciudadanía, como ya lo son la educación, la sanidad, los servicios sociales y la atención a la dependencia.

La propuesta, que se ha presentado de manera conjunta con el grupo parlamentario de Unidas Podemos, insta al Gobierno de las Islas Baleares que la ley sea lo más participada y consensuada posible y que incluya, entre otros, objetivos tales como consolidar el derecho a la movilidad como un nuevo derecho fundamental, que el transporte público vertebre el cambio de paradigma en la movilidad de las islas y que se mejoren las redes urbanas e interurbanas para peatones y ciclistas.

También se insta al Gobierno que esta futura ley priorice "el vehículo no contaminante y colectivo frente al motorizado e individual", tal como ha señalado el diputado socialista Juan Ferrer, encargado de la defensa de la propuesta.

La promoción del vehículo eléctrico frente al carbonizado y del uso de coches compartidos son otras dos medidas que se solicita al Gobierno que incluya la nueva ley, a la vez que se incrementen los aparcamientos disuasorios y que se conecten con la red de transporte público, dadas "las particularidades de nuestras islas", explicó Ferrer.

En este sentido, expuso Ferrer, la propuesta también reclama, entre otros, que se combata la planificación urbanística dispersa de los núcleos poblacionales, comerciales o empresariales en favor de una planificación compacta que no genere necesidades de movilidad fuera de estos núcleos.

Asimismo, esta PNL pide que se impulsen planes de movilidad laboral, escolar y de transportes de mercancías consensuados con los agentes sociales y económica.

Una serie de puntos, apuntó Ferrer, para los que la "inversión es necesaria", por lo que, se insta también al Ejecutivo autonómico a establecer los mecanismos de financiación necesarios para alcanzar los objetivos marcados.