Actualizado el 01/10/2019 13:54 Compartir
Campos ha cuestionado la viabilidad de la intención del Gobierno balear de anular los juicios del franquismo por motivos legales. Ha explicado que su pregunta coincide con el razonamiento de Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y exdiputado del PSOE, que ha advertido de los posibles efectos jurídicos inesperados de la nulidad de las sentencias políticas del franquismo: “si anulas una sentencia de los tribunales por la ilegitimidad del régimen, tendrías que poder anularlas todas. Eso es la inseguridad jurídica total”. Campos ha mantenido que “la anulación de esas sentencias tendría que afinarse mucho porque, si bien indica que serán las 'dictadas por razones políticas', cualquier afectado podrá alegar una supuesta razón política”.
El portavoz parlamentario de VOX ha incidido en que “todo podría ser considerado ilegitimo. No puedes decir de pronto que desaparecen todas las sentencias judiciales. Eso trasladado a una ley puede desencadenar miles de demandas contra sentencias de tribunales”. Ha incidido, además, en anular juicios desde el poder Legislativo puede suponer una intromisión en el poder Judicial: “tendría que ser otra sentencia la que anulara la sentencia. Por otra parte, puede haber conflicto de competencias ya que esa hipotética anulación debería realizarla la Administración del Estado por ser ésta la que las tramitó”.
Campos cree que nos hallamos ante una “nueva irresponsabilidad de este Gobierno, que ha creado una secretaría autonómica exclusivamente para cuestiones de la llamada 'memoria histórica', que está llegando a ser 'memoria histérica'. Que ahora priorice gastar recursos, que no tiene (deuda de la comunidad en más de 9.000 millones de euros, agujero de 500 millones, etc) para averiguar cómo se pueden anular juicios de hace 60 o 70 años, con la cantidad de trabajo que hay por hacer en favor de la gente que lo pasa mal porque no llega a final de mes, que se le niega el acceso a ayudas sociales mientras sufre una inmigración ilegal descontrolada; con unos servicios sociales, una educación y una sanidad cada vez más degradados… Pero para el Gobierno de la Sra. Armengol es más urgente solicitar informes jurídicos y destinar recursos a más chiringuitos o a entidades subvencionadas, las llamadas de 'memoria histórica o democrática'”.
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