Ensenyat: 'El primer paso para garantizar el acceso a la vivienda es acabar con la especulación inmobiliaria'

MÉS para Mallorca registró hoy en el Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) para instar al gobierno del Estado a revisar la fiscalidad que se aplica sobre las SOCIMI (sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario). Estas empresas, exentas del pago del impuesto de sociedades con una bonificación del 95% del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, obtuvieron el año pasado unos beneficios fiscales de 12.662 millones de euros. Una cifra "del todo desproporcionada", dijo el portavoz de la formación Miquel Ensenyat, "si la comparamos con el presupuesto (también del Estado en materia de vivienda: 500 millones de euros". Por ello, Más por Mallorca plantea la revisión fiscal y destinar ese dinero a fomentar la vivienda asequible.

El portavoz ecosobiranista aseguró que mientras la vivienda pública constituye una de las principales garantías del Estado de Bienestar, "durante mucho tiempo las Administraciones han mirado hacia otro lado. La provisión de viviendas no ha de entenderse como una cuestión de mercado sino que constituye un tema capital en el que las administraciones deben intervenir directamente y de manera coordinada ". En este sentido ha censurado el reciente anuncio por parte del Ministerio de Defensa de subastar los terrenos de Son Busquets donde tanto (el Ayuntamiento de Palma como el Gobierno de las Islas Baleares proyectan desde hace años vivienda social) como la decisión del Tribunal de cuentas que ha revocado la condena a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella y su equipo de gobierno por la venta de 18 promociones de viviendas públicas a un fondo buitre. "Una situación aún más llamativa, ya que la absolución de Botella ha sido posible con los votos de dos magistrados designados por el PP".

Durante la presentación de la PNL, el diputado Joan Mas, también ha detallado que la propuesta plantea instar al gobierno del Estado a modificar la conocida como Ley Montoro. Esta modificación permitiría a los ayuntamiento destinar el superávit presupuestario y el consiguiente remanente de tesorería municipal a financiar programas de vivienda pública asequible. "La política de vivienda debe implicar a los diferentes estamentos de la administración y por ello es necesario dotar a los ayuntamientos de los recursos para poder participar de manera directa". La propuesta de MAS para Mallorca también contempla instar al gobierno del Estado a articular las medidas necesarias para poder aplicar una mayor penalización de las acciones delictivas de acoso inmobiliario.