El Govern se personará como acusación particular contra los establecimientos precintados por explotación

El Consell de Govern ha autorizado a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad para personarse como acusación particular en el caso de presunta explotación laboral en diversos establecimientos comerciales de Mallorca.

Así lo ha anunciado el portavoz del Govern, Marc Pons, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, en la que ha recordado el Plan de Lucha contra la Explotación Laboral que llevó a cabo el Ejecutivo el pasado verano, que desveló un 25% de contratos irregulares.

Según Pons, el Govern se compromete así a "ayudar a los más débiles" para "ser capaces de poner en valor la dignidad en el trabajo".

El Govern, como Administración competente en materia de trabajo, se personará de este modo para investigar los posibles delitos contra los derechos de los trabajadores, recogidos en el artículo 311 del Código Penal, relacionados con la realización de jornadas superiores a las legales o convencionales, la vulneración de jornadas a tiempo parcial, la falta de pago de salarios debidos y, en general, con irregularidades referentes a la dignidad de los trabajadores.

11 EMPRESARIOS DETENIDOS

Entre el 14 y el 18 de diciembre se precintaron varios establecimientos comerciales en Mallorca por presunta explotación laboral. En este caso, se detuvieron al menos a 11 empresarios y se clausuraron temporalmente 22 establecimientos comerciales, tras las actuaciones llevadas a cabo conjuntamente entre la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional, entre otros organismos.

El pasado día 29 de diciembre, el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, anunció públicamente la intención del Govern de personarse en este caso y mantuvo que "no se tolerarán situaciones de impunidad por explotación laboral" y "se pondrán todos los medios al alcance para que las condiciones de los trabajadores sean dignas y de calidad".

Con este objetivo, durante 2016 la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria incrementará un 6,5% la planificación autonómica de la actividad de Inspección de Trabajo hasta llegar a 7.736 órdenes, 1.786 de las cuales se centrarán en luchar contra la precariedad laboral, lo que significa un aumento del 88% respecto a las actuaciones realizadas en esta materia el 2015.