Actualizado el 19/02/2014 06:07 Compartir
La propuesta, que ha sido defendida por el portavoz de MÉS, Biel Barceló, pretendía que la ley permitiese a los consistorios municipales de Baleares iniciar procedimientos sancionadores a entidades bancarias y grandes empresas por infracción muy grave en caso de que se mantenga el desempleo de la vivienda una vez agotado el plazo otorgado para corregir la situación.
Además, la propuesta recogía que se pudiesen imponer hasta tres multas coercitivas que podrían llegar a los 100.000 euros, previa advertencia, si transcurría el plazo fijado y el inmueble no había sido ocupado.
Cabe destacar que el pleno del Ayuntamiento de Palma acordó, por unanimidad, el pasado 30 de enero instar de manera urgente al Govern a incluir en la Ley autonómica de Vivienda soluciones para facilitar el acceso a una vivienda a familias en riesgo de exclusión social, propiciando que los bancos y grandes inmobiliarias pongan a disposición sus viviendas deshabitadas.
En este caso, el texto aprobado por Cort pide la inclusión, dentro de una nueva Ley autonómica de Vivienda, de soluciones para facilitar el acceso a una vivienda a familias en riesgo de exclusión social, propiciando que los bancos y las grandes empresas inmobiliarias pongan a disposición sus viviendas desocupadas, introduciendo medidas para evitar que estos inmuebles permanezcan permanentemente desocupados.
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