Las acusaciones piden que Cospedal y Arenas expliquen a Ruz las donaciones al PP

Las acusaciones personadas en la causa que investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extesorero Luis Bárcenas han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que cite a declarar a los tres últimos secretarios generales del PP, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, para que expliquen el procedimiento seguido para la recepción de donaciones anónimas percibidas por la formación desde el año 1989 hasta la actualidad.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Federación Los Verdes y Justicia y Sociedad aseguran que tras las declaraciones prestadas entre los días 20 y 29 de mayo por nueve testigos, dos peritos caligráficos y nueve imputados "se acreditaría la existencia de una asociación ilícita en el seno del PP" que recibía de manos de donantes, en efectivo, cantidades que luego se ingresaban en las cuentas del Banco de Vitoria/Banesto.

Aseguran que Bárcenas, el también extesorero Álvaro Lapuerta y "quizás los entonces secretarios generales Arenas y Álvarez-Cascos" recibían en mano fajos de billetes que no procedían de donantes anónimos puesto que conocían la identidad de quien los entregaba. "El PP olvidó consignar la persona del donante en su contabilidad cuando sus empleados ingresaban las distintas cantidades", añaden.

El escrito recuerda que existen prohibiciones legales expresas que exigen a los partidos llevar un control de las personas que efectúan donaciones y a consignar por escrito registros contables detallados que permitan conocer el cumplimiento de las obligaciones establecidas en ellas.

Las acusaciones piden al juez que solicite al PP que identifique a los donantes que realizaron ingresos en la cuenta especial entre los años 1992 y 2008 y que concrete qué personas desempeñaron el cargo de secretarios de Bárcenas y Lapuerta desde 1990.

BATERIA DE DILIGENCIAS

IU, ALA, Ecologistas, Los Verdes y Justicia y Sociedad plantean también a Ruz la puesta en marcha de una amplia batería de diligencias destinadas a aclarar las declaraciones vertidas por los 'populares' que comparecieron como testigos como supuestos receptores de fondos y por los empresarios imputados por las donaciones efectuadas.

Entre ellas, piden al juez instructor que cite a declarar al expresidente del Gobierno José María Aznar que, según el exdiputado navarro Jaime Ignacio del Burgo, autorizó la entrega de pagos en efectivo al miembro del PPN Calixto Ayesa por un importe de 3,9 millones de pesetas. Sobre esta solicitud, que ya ha sido efectuada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), debe pronunciarse la Fiscalía Anticorrupción a requerimiento del magistrado.

En relación con el interrogatorio practicado al presidente del Senado, Pío García Escudero, solicitan que se libre oficio a la Agencia Tributaria para que remita su declaración del Impuesto sobre la Renta y de Patrimonio del año 2000 "con el fin de verificar si declaró debidamente lo relativo al préstamo personal que le concedió el PP", 24.000 euros para arreglar su casa tras un atentado. También quieren que el juez reclame al BBVA y el Santander aquellos cheques o documentos que reflejen pagos efectuados por él al PP en 2001, 2002, 2003 o años posteriores.

Las acusaciones reclaman que conste en la causa otra declaración de Hacienda, la del expresidente balear y exministro Jaume Matas. Solicitan la práctica de otras tres testificales: la del patrono de la Fundación Humanismo y Democracia en 2003 y 2004, José Ramón Pin, y su administradora y la del empleado del departamento de Caja del PP Antonio Ortiz.

En cuanto a las declaraciones realizadas por los empresarios donantes, las cinco partes piden que OHL, Azvi, Sacyr-Vallehermoso, Fomento de Construcciones y Contratas, Rubau Construcciones y Grupo Sando aporten las memorias y cuentas contables donde se reflejen las donaciones efectuadas para la realización de foros, eventos o patrocinios financiados por las empresas en los que hayan participado partidos políticos desde 1992 hasta la actualidad.