PSIB: 'El Gobierno del PP se niega a dar más voz y participación a la ciudadanía y tumba, con Vox, la ley impulsada por la sociedad civil'

El PSIB-PSOE ha acusado hoy al Gobierno de Marga Prohens de negar la voz y la participación a la ciudadanía, y de votar en contra, junto con Vox, a la toma en consideración de una ley que promovía la sociedad civil, y que le otorgaba mayor peso en las iniciativas que afectan a la Comunitat. La diputada socialista Mercedes Garrido ha defendido hoy esta iniciativa legislativa, presentada por todos los grupos progresistas del Parlamento (PSIB-PSOE, Más por Mallorca, Más por Menorca y Unidas Podemos) consistente en una proposición de ley de las organizaciones de la sociedad civil, y quería dotarlas de mayor peso social, estructura y recursos para su mantenimiento.

Garrido ha acusado al PP de no querer dar más peso a un conjunto de organizaciones, asociaciones, fundaciones o entidades que han defendido y defienden el interés general, "y todas ellas en conjunto constituyen una parte esencial de nuestra sociedad", ya que representan a miles y miles de ciudadanos. Pero el Gobierno, en vez de dar impulso al anteproyecto de la sociedad civil, aprobado por el anterior Ejecutivo, optó por “dejarla en un cajón” desde agosto del 2024, con el argumento de que estaba elaborando una nueva normativa, la ley de Gobierno abierto, que debía recoger la regulación de las entidades de la sociedad civil.

Pero lo cierto es que, según ha denunciado Garrido, el anteproyecto del PP no ha continuado su tramitación y, a la vez, se ha detenido el anterior anteproyecto. Al mismo tiempo, el Gobierno del PP ha sido el responsable de "descafeinar" la primera Iniciativa Legislativa Popular aprobada en el Parlamento, en la anterior legislatura, de bienestar para las generaciones futuras, negando así otra vía de participación de la ciudadanía.

Ante esta actitud "cobarde, a la defensiva y poniéndose de espaldas a la sociedad", Garrido ha pedido al Gobierno del Prohens si "lo hacen por miedo, porque no creen en una sociedad civil fuerte y organizada" o si bien o hacen "como represalia" contra esta red de organizaciones sociales, "porque han abandonado su pacto para la sostenibilidad" de este Gobierno”; o por haber promovido tres recursos de inconstitucionalidad contra las leyes que suprimen el catalán a la salud pública, y contra otras leyes que promueven la especulación y la depredación del territorio, como a la legalización de chalés y piscinas en suelo rústico y contra la última ley especulativa de este Gobierno para construir en rústico.

Por otra parte, la diputada socialista ha puesto de relieve la incongruencia que el PP ejerce cuando aprueba (en mayo de 2018) una ley del tercer sector social, que creó el marco de las organizaciones que lo conforma, pero al mismo tiempo niega ahora la regulación de la sociedad civil organizada, que recoge otras entidades como las organizaciones de desarrollo social, vecinismo, movimiento LGTBI, "que no están protegidas por una ley".

Finalmente, la diputada socialista ha defendido que las organizaciones que integran la sociedad civil han logrado consolidar y reforzar el territorio y el patrimonio de esta comunidad, con reivindicaciones como sa Dragonera, Cabrera, es Tren, el Parque de ses Salines, es Grau..., las manifestaciones de septiembre de 2013 en defensa del catalán; las del 8 de marzo y otras. Garrido ha concluido que "todos estamos en deuda" con la sociedad civil, y "eso es lo que quiere poner en valor la proposición de ley: una sociedad civil que, en su conjunto, no tiene una ideología, sino que vela por el interés general y por los valores democráticos".