El Parlament convalida el Decreto ley que prohíbe nuevas plazas turísticas en pisos en las Illes Balears

El Parlament ha convalidado este martes el Decreto Ley de medidas de contención turística, que incluye la prohibición de nuevas plazas en viviendas plurifamiliares; medidas contra la oferta ilegal, como el aumento de las sanciones hasta los 500.000 euros, y medidas de reconversión de la oferta obsoleta, para avanzar hacia la sostenibilidad. Asimismo, apuesta por la calidad de la oferta turística de las Illes Balears.

Durante su intervención en el Parlamento, el conseller ha destacado que “este decreto nace de una escucha profunda y de un trabajo intenso. Es fruto del diálogo —del diálogo real— con muchos actores de nuestra sociedad. Y, por encima de todo, da respuesta directa a un compromiso firme: desplegar los acuerdos del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad, que no es un documento cualquiera, sino una hoja de ruta compartida, transversal y con voluntad de país.”

Además, ha insistido en que el decreto parte “de un principio que hemos hecho nuestro: contener para preservar. Contener no para restringir arbitrariamente, ni para señalar a nadie, sino para defender aquello que queremos. Para contener aquello que desborda: la oferta que opera fuera de la ley y nos perjudica colectivamente; el crecimiento sin control que tensiona servicios y recursos; para preservar, en definitiva, nuestro modelo de convivencia, la identidad que nos define como pueblo y la calidad de vida que queremos garantizar para quienes viven y conviven.”

Medidas de control de la oferta

La principal novedad del Decreto Ley es la prohibición de nuevas plazas de alojamientos turísticos en viviendas plurifamiliares en el conjunto del archipiélago y, para las ya existentes que quieran renovar licencia, se elevan las exigencias de calidad vía reglamento.

Por otro lado, se reactiva el intercambio de plazas entre particulares —sin crecimiento de plazas— y el cambio de usos de establecimientos turísticos en vivienda exclusivamente para uso residencial, a la espera de que los consejos insulares fijen su techo de plazas y capacidad de carga para levantar la actual moratoria de plazas en vigor.

Además, crea una bolsa transitoria vacía que recogerá aquellas plazas que se den de baja para garantizar la contención de estas y evitar su decrecimiento.

Medidas de lucha contra la oferta ilegal

Otro de los ejes del Decreto Ley es la persecución de la oferta ilegal con exigencias más elevadas y sanciones más duras.

Entre ellas, destaca la obligatoriedad de los portales comercializadores de exigir el número de registro del alojamiento a comercializar, en el cual se responsabiliza de posibles infracciones tanto a los propietarios como a las plataformas comercializadoras.

En cuanto a las sanciones, aumentan un 25 % con multas de hasta 500.000 euros. Concretamente, las muy graves pasan de la horquilla de 40.001–400.000 euros a la de 50.001-500.000 euros; las graves, de 4.001-40.000 euros a 5.001-50.000 euros, y las leves, de 0-4.000 euros a 0-5.000 euros.

Los propietarios sancionados podrán obtener una rebaja de hasta el 80 % de la sanción si destinan su vivienda al alquiler social o al alquiler de precio limitado. En este caso, el beneficiado de las rentas del alquiler será la Comunidad Autónoma. Esta medida está enfocada a aflorar vivienda ante la emergencia residencial.

Zonas saturadas y de reconversión

El texto también recoge el establecimiento del marco de regulación de nuevas zonas saturadas y de reconversión, que podrán ser declaradas por los consejos insulares previa presentación de un plan estratégico de actuación, así como de un régimen extraordinario de modernización de establecimientos para fomentar la modernización de la oferta, que permitirá el aumento de la superficie de establecimientos turísticos hasta un 10 %, sin permitir ni el crecimiento en altura ni tampoco el aumento de nuevas plazas turísticas.

Las zonas saturadas y de reconversión serán estratégicas a la hora de asignar ayudas de la Administración y tendrán que estar dentro de un proceso de certificación de calidad SICTED.

Uno de los aspectos destacados del nuevo decreto es el mantenimiento de la posibilidad de intercambio de plazas turísticas vinculado al cambio de uso de alojamientos obsoletos, una medida dirigida a dar respuestas a la falta de vivienda. Con este decreto se establece un procedimiento extraordinario para transformar establecimientos turísticos inviables o en desuso en viviendas de precio limitado. Además, esta vía podría ser empleada por empresas turísticas que quieran reconvertir edificios para habilitar residencias destinadas a sus trabajadores, respondiendo así a las necesidades de vivienda en zonas de gran presión turística.