Las fuerzas de izquierda presentan el recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía urbanística que aprobó el Gobierno de Prohens

Hoy se ha presentado ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley de simplificación administrativa de las Islas Baleares, avalado por 50 diputados de PSIB-PSOE, Podemos y Sumar Más –entre ellos, y en la imagen, Pepe Mercadal (PSIB-PSOE), Vicenç Vidal. El recurso se interpone porque la norma aprobada por el Gobierno de Marga Prohens supone un claro ataque contra el territorio y una amnistía urbanística para las construcciones ilegales en suelo rústico.

La iniciativa se ha impulsado desde las Islas y cuenta con el apoyo de las organizaciones políticas PSIB-PSOE, Más por Mallorca, Sumar, Unidas Podemos y Más por Menorca, que actúan en nombre de numerosas entidades sociales y ecologistas de las Islas, como son GOB Mallorca, GOB Menorca, Amigos de la Tierra, Plan de Mallorca XXI, Fundación Iniciativas del Mediterráneo, Palma CCOO y STEI-Sindical.

Para todos estos colectivos y fuerzas políticas, la ley ómnibus supone el ataque más grave al suelo rústico, que permite la legalización de construcciones ilegales y de usos turísticos en suelo rústico. Se trata de una agresión ambiental sin precedentes, que desde el principio de su tramitación ha sido denunciada por todas las fuerzas políticas de izquierdas en el Parlamento, y que ahora buena parte de la sociedad civil y las organizaciones medioambientales han decidido hacer frente común contra esta vulneración de derechos.

El recurso que se ha registrado hoy en el Tribunal Constitucional plantea dos bloques de inconstitucionalidad: por un lado, denuncia los silencios positivos que determina la ley ómnibus, y que afecta a la autorización ambiental integrada (no se pueden adquirir beneficios ambientales por silencio administrativo), las licencias de obra y la legalización de edificaciones ilegales en suelo rústico. En ninguno de los casos debe admitirse un silencio positivo.

Y un segundo bloque denuncia la pretensión de legalizar la construcción de edificaciones y el uso turístico en suelo rústico, ya que la ley dice que no se puede realizar ninguna edificación en suelo rústico que no sea para uso agrario.

En todos los casos, según las fuerzas denunciantes, existe suficiente jurisprudencia que avala que estas medidas pueden ser claramente inconstitucionales.