Reclama a los ministros de Transportes y Vivienda más financiación para el transporte público en las Islas Baleares

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha trasladado varias reclamaciones al Gobierno de España, mediante cartas remitidas a los ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, y de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para recibir financiación estatal para diversas actuaciones, como la gratuidad del transporte público en las Illes Balears para el 2024, tal como ya se ha acordado en el caso de Canarias; y para el impulso de nuevas medidas estatales para favorecer el acceso a la vivienda y las ayudas sociales, para incentivar la creación de la nueva vivienda de precio limitado (HPL) previsto en las Illes Balears, así como la salida al mercado de viviendas desocupadas y aumentar la oferta de vivienda de alquiler, y para extender el Bono Alquiler Joven para el próximo año, entre otras.

En ambos casos, la consellera Vidal también ha pedido mantener una primera reunión a la mayor brevedad posible, tanto con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible como con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, para tratar las cuestiones de interés común de cada área y los diversos proyectos y necesidades existentes en las Illes Balears en relación con las materias que corresponden a las competencias de los respectivos ministerios del Gobierno central.

En materia de transportes, Vidal ha trasladado al ministro la preocupación por los acuerdos políticos logrados para la investidura del presidente Pedro Sánchez, y en particular por el que establece la prórroga de la bonificación total del Estado del transporte público en Canarias para el 2024. La consellera ha reclamado el mismo tratamiento para las Illes Balears, para recibir la financiación estatal necesaria para prorrogar la gratuidad del transporte público en ambos archipiélagos, dado que para el 2023 esta medida se estableció para Canarias y Balears a través de los Presupuestos Generales del Estado.

NUEVOS CONVENIOS, CUMPLIMIENTO DEL REIB Y DEUDA PENDIENTE

Asimismo, ha incidido en la necesidad de recuperar los convenios de carreteras y ferroviario, en el primer caso para contar con recursos estatales para la mejora de la red viaria, a través de los consells insulares y con independencia de los fondos del Factor de insularidad del Régimen Especial de las Illes Balears (REIB), y, en cuanto al convenio ferroviario, para obtener financiación para afrontar nuevos proyectos de mejora y ampliación de la red de tren en Mallorca.

En relación con el Real decreto ley 4/2019 del Régimen Especial de las Illes Balears, además, se ha pedido su despliegue total y aplicación efectiva, en particular de lo dispuesto sobre el transporte público terrestre regular de viajeros, el cual queda reconocido al decreto como “servicio público esencial” y por ello se establece que se “garantiza” su financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado.

En materia presupuestaria, también ha trasladado al ministro la reclamación que se ha hecho las últimas legislaturas al Gobierno central para el pago pendiente de 240 millones de euros, derivados de los antiguos convenios de carreteras (1998 y 2004), sobre los cuales la Audiencia Nacional, en sentencia de 2008, ratificada por el Tribunal Supremo en 2011, declaró la vigencia de los convenios e instó ambas administraciones a cumplir con los compromisos adquiridos. Las Balears recibieron un pago de 90 millones en enero de 2015, y en diciembre de 2015 se firmó un protocolo de intenciones para aportar los 240 millones a las Balears, los cuales continúan pendientes después de todos estos años.

En relación con el transporte terrestre, y también vinculado a las singularidades de las Islas, la consellera Vidal ha trasladado al ministro de Transportes una reivindicación histórica del sector como es la adaptación de la normativa estatal para amortiguar el efecto del tacógrafo en nuestra comunidad, mediante un acuerdo que permita garantizar la actividad, el descanso y la seguridad de los transportistas, dentro del margen de actuación que concede la normativa europea.

MEJORAS DE LA OSP MENORCA-MADRID Y NUEVAS OSP DE CONTROL DE PRECIOS

En el ámbito del transporte aéreo, la consellera ha trasladado el interés en establecer un incremento de frecuencias en la ruta Menorca-Madrid, declarada Obligación de Servicio Público (OSP) desde 2012, debido a la falta de disponibilidad de plazas que se viene observando este año desde la puesta en funcionamiento del servicio. Además, ha pedido la implantación del proyecto piloto de OSP Menorca-Barcelona de control de precios máximos, concebido para evitar unos precios excesivos, y estudiar la ampliación de esta iniciativa a otras conexiones de Eivissa y Menorca con la Península.

La consellera Vidal también ha trasladado otras cuestiones relacionadas con las desventajas de la insularidad para reclamar medidas específicas para paliar sus efectos, como promover una exención para todas las islas hasta el año 2030 en la aplicación del nuevo reglamento europeo sobre el uso de biocombustibles en la aviación, como se ha establecido para Canarias, y así garantizar un mismo tratamiento a todas las islas, debido a la dependencia de la movilidad de los residentes del transporte aéreo y por su incidencia en los precios de los billetes de avión. En este sentido, también ha reiterado que es indispensable tener en cuenta la insularidad ante el aumento de las tarifas aeroportuarias, del 4,09% a aplicar a partir de marzo, por su repercusión en un incremento añadido de los precios de los billetes de avión en las Islas.

En la carta remitida al ministro Oscar Puente, la consellera Vidal también ha defendido que se debe avanzar hacia un modelo de cogestión aeroportuaria. Asimismo, ha solicitado la convocatoria del Comité de Coordinación Aeroportuaria, órgano en el que tiene representación la Comunidad Autónoma y que no se reúne desde diciembre de 2022, y también de la Comisión Mixta de Seguimiento de las rutas OSP de las Balears.

INCENTIVOS A La VIVIENDA ASEQUIBLE Y DE ALQUILER Y AYUDAS SOCIALES

Por otro lado, en materia de vivienda, la consellera Marta Vidal ha reclamado por carta a la ministra Isabel Rodríguez diversas medidas para facilitar el acceso a la vivienda y las ayudas sociales y para incentivar la salida al mercado de viviendas actualmente vacías y aumentar la oferta de vivienda de alquiler. Entre otras, se plantean medidas para ampliar la efectividad de las medidas del Decreto Ley aprobado en Baleares, enfocado en la creación de la nueva figura de la vivienda de precio limitado (VPL) y en favorecer la construcción de más viviendas de protección pública.

En este ámbito, el Govern propone una modificación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales para que los ayuntamientos puedan bonificar los impuestos de construcción y tasas urbanísticas a las viviendas asequibles incentivadas, como es el caso de la nueva vivienda de precio limitado (VPL) creada en las Illes Balears, en la misma proporción que ya se establece para las viviendas de protección pública -una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegro del impuesto-.

Asimismo, la consellera ha planteado una flexibilización de la reserva obligatoria de las viviendas de protección si las viviendas libres se destinan a vivienda asequible incentivado, como las viviendas de precio limitado previstos en las Balears. Vidal ha trasladado a la ministra que el objetivo principal del decreto balear es aumentar la oferta de viviendas disponibles en los municipios a precios asequibles y sin consumir territorio, en edificios existentes y parcelas no edificadas en suelo urbano, y facilitar el acceso a la vivienda a las clases medianas y trabajadoras y a la gente joven, a través de la nueva figura de las VPL, y también para crear más viviendas públicas.
En relación con las medidas para favorecer el acceso a la vivienda, Vidal también ha pedido que el Gobierno de España pueda llevar a cabo la renovación del programa del Bono Alquiler Joven para 2024, para continuar con este plan para mejorar el acceso de los jóvenes a una vivienda, y también ha propuesto poner en marcha otras actuaciones, como potenciar los programas que aporten garantías a los propietarios de viviendas y establecer incentivos fiscales para pequeños propietarios, en ambos casos para facilitar la salida al mercado de más viviendas de alquiler.

Además, la consellera ha manifestado el interés en considerar futuras modificaciones de la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda, y también tratar el necesario encaje y respeto de esta ley estatal a las competencias autonómicas, cuestión que ha estado objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional por parte de varias comunidades con gobiernos y mayorías parlamentarias de diferente signo político.