Marc Pons denuncia que la primera decisión del PP como único partido condenado por corrupción en Baleares sea cerrar la Oficina Anticorrupción

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, ha denunciado el desprecio del Govern hacia los consejos insulares, las dificultades evidentes del Ejecutivo para arrancar, los incumplimientos electorales y de investidura de Prohens y los anuncios de sus prioridades, en las cuales “sólo les preocupa controlar IB3 y que la Oficina Anticorrupción no defienda sus prioridades”.

Durante la comparecencia parlamentaria de la consejera de Presidencia, Antònia Estarellas, para explicar las principales líneas de acción de su departamento, el portavoz adjunto socialista ha criticado que este Govern “ha arrancado mal, de forma descompensada, acomplejada en algunos casos, con muchas dificultades para encontrar a gente, con incumplimientos de promesas electorales constatables y con tensiones sociales que no son propias de un inicio de legislatura”.

El portavoz socialista ha criticado la sensación de parálisis de la mitad de los consejeros y consejeras, debido a que desde que el nuevo gobierno empezó a andar, “no hemos visto ninguna propuesta de las consejerías de Turismo, Empresa, Familias y Asuntos Sociales y Agricultura ”, lo que demuestra “dejadez y falta de iniciativa”.

En concreto, Pons se ha referido al pacto PP-Vox como "un hecho insólito que marcó un lamentable precedente institucional", debido a que "nunca el gobierno de la isla de Menorca había sido moneda de cambio en los pactos a nivel autonómico ”. De hecho, ha insistido en que “obligar al nuevo presidente del Consell, Dolfo Vilafranca, a tener que incluir dentro del gobierno insular a Vox en contra de su propia voluntad, denota falta de respeto hacia la autonomía de una de las piezas clave de la arquitectura institucional de nuestra comunidad autónoma, a la vez que supone una pérdida de autoridad y autonomía del nuevo presidente”.

En cuanto a la Abogacía, el diputado socialista ha acusado a la consejera de hacer una "estrategia de judicialización de la política y de confrontación a través de la Abogacía". Un ejemplo es el hecho de que la consellera ha decidido poner un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno de España “porque está en contra de poder declarar zonas tensadas donde fijar la limitación de los precios del alquiler, mientras que el Consell Consultiu dice que es plenamente constitucional”.

En relación con la dirección general de Emergencias, el portavoz adjunto socialista ha asegurado que la gestión del temporal de hace 15 días "no la deja demasiado bien a la hora de valorar su gestión", con un temporal que contaba con avisos y preavisos y con el director general de que se pasó todo el temporal “fuera del puesto de control porque tenía una comida de amigos y familiares”. Por eso, Pons ha pedido a la conselleria si el director general asumirá responsabilidades ante una negligencia evidentes.

Otro ejemplo de una gestión “claramente autoritaria y alejada de la realidad social de nuestras islas y la obsesión por eliminar cualquier tipo de crítica”, es el anuncio de la supresión de la Oficina Anticorrupción. En este sentido, Pons ha recordado que "el único partido político condenado por corrupción en las Islas Baleares, cuando vuelve al Govern por primera vez después de la sentencia firme, lo primero que anuncia es la eliminación de esta oficina".

En la parte de función pública, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista ha pedido a la consejera con qué calendario trabajan sobre “el anuncio o no anuncio de la supresión del catalán como requisito en toda la función pública, sin argumento sólido que apuntale la decisión más allá del pacto PP-Vox”.

También en este ámbito, Pons ha destacado las "incertidumbres todavía no resueltas" por parte de la consellera, en relación con si aprobará la oferta de empleo público de 2023 y con qué criterios y la planificación de los diferentes procesos en marcha".

Por último, Pons también ha lamentado la intención el Gobierno de cambiar la Ley de IB3 para cesar a su director general, cuyo mandato termina en 2028, un plazo distinto del legislativo “precisamente para hacer entender que la radio y televisión pública no está al servicio de quien comanda, sino que es un cargo independiente al servicio de la profesionalidad y la ciudadanía”, por lo que ha acusado a la consellera de querer “volver al modelo de televisión de Jaume Matas”.