Denuncian que la contratación centralizada del servicio de vigilancia y seguridad del Govern balear “vulnera normativas europeas de libre concurrencia”

La Asociación Sector Seguridad Privada de Illes Balears (ASSP) denuncia que la contratación centralizada del servicio de vigilancia y seguridad del Govern balear “vulnera normativas europeas de libre concurrencia”. La presidenta de la ASSP, Inés Ybarra, ha presentado un escrito ante la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern balear en el que señala que el acuerdo marco para la contratación centralizada del servicio de vigilancia y seguridad de la Comunidad Autónoma de Illes Balears (CAIB), así como el mantenimiento de los sistemas y equipos de seguridad, posiblemente “vulnera diferentes normativas europeas de libre concurrencia”.

El objeto del acuerdo marco es la contratación centralizada del servicio de vigilancia y seguridad de la CAIB, de su sector público instrumental y de otros organismos públicos adheridos, así como del mantenimiento de los sistemas y equipos de seguridad. El apartado II de dicho acuerdo especifica que “las empresas deben presentar una declaración responsable en la que se indique el volumen anual de negocio de los tres últimos ejercicios acompañado de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o de cualquier modelo oficial declarado ante la Agencia Tributaria en el que quede reflejado el volumen anual de negocio”. Básicamente, lo que propone la CAIB para licitaciones en su pliego es que solo pueden concurrir las empresas que facturan como mínimo 12 millones de euros.

En este caso, las compañías de seguridad privada pequeñas no podrían presentarse, aun habiendo trabajo anteriormente con la administración y casi siempre con alto grado de satisfacción. Además, muchos de ellas licitan en ayuntamientos y administración general del Estado. “Es curioso que siendo el acuerdo marco de Baleares se ‘veten’ a las empresas locales en beneficio de grandes empresas radicadas principalmente en Madrid”, denuncia Ybarra.

En segundo lugar, el seguro de caución posiblemente se extralimita debido a que las empresas no saben la cuantía que recibirán de parte de la Administración. En uno de los apartados señala que “se asignará puntuación a las empresas que se comprometan a disponer de un seguro del tipo crédito y caución que cubra el riesgo de impago de los mencionados conceptos, dentro de los plazos legal o convencionalmente establecidos”. El seguro debe cubrir, al menos, un plazo de 7 meses, consecutivos o no, de gastos impagados en plazo, por los conceptos indicados (salarios de los trabajadores y gastos de la Seguridad Social).

Los salarios son los establecidos en el convenio colectivo sectorial de vigilancia y seguridad (convenio estatal), sin perjuicio de los derechos adquiridos y complementos salariales, principalmente la antigüedad, de los trabajadores, especialmente los que, prestando servicios en un centro de trabajo determinado, sean subrogados por las nuevas empresas adjudicatarias al continuar el servicio. Esta cobertura se extiende a todos los contratos basados de los cuales la empresa sea adjudicataria.

Las empresas licitadoras en primera instancia podrían realizar una declaración jurada donde se comprometan a asegurar los sueldos y salarios de los servicios donde sean adjudicatarios. En cambio, no se exige la vigencia de la póliza sino hasta que la empresa sea adjudicataria de un contrato basado. Esta cobertura se ampliará a medida que la empresa sea adjudicataria de posteriores contratos basados.

Por estos dos motivos, desde la ASSP, asociación adscrita a la patronal CAEB, se solicita que “se revisen los términos sobre todo de la facturación para poder concurrir a la licitación y se tenga en cuenta que el seguro de crédito y caución que se solicita es posiblemente exagerado para los licitantes”.