El Supremo revisará el 22 de junio la condena de cárcel impuesta a la exportavoz de UM Catalina Julve

La sala segunda del Tribunal Supremo (TS) ha fijado para el próximo 22 de junio, a las 10.30 horas, la vista para revisar la condena de dos años de cárcel que le fue impuesta a la exportavoz de Unió Mallorquina (UM) y exconsellera insular de Medio Ambiente Catalina Julve en el caso Cloaca, en el que se juzgó la adquisición irregular de 4.300 sillas de plástico para el Consell de Mallorca por 59.500 euros y la adjudicación de unos trabajos de control del servicio de recogida selectiva de residuos.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes jurídicas, que han precisado que durante la vistilla la defensa de Julve expondrá los argumentos esgrimidos en el recurso de casación que interpuso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, en el que niega la comisión de delitos de fraude a la administración y prevaricación por los que fue condenada.

El abogado de Julve, Gabriel Garcías, se muestra en desacuerdo con la resolución judicial y reclamará por tanto la absolución de la exdirigente 'uemita', quien durante el juicio aseguró que la contratación del lote de sillas fue una decisión de su predecesor en el cargo -ya fallecido- y si la firmó se debió a que era una "necesidad" de los Consistorios.

Recién abierta la operación policial de este caso, Julve se desmarcó de forma tajante de las pesquisas, con las que aseguró "no tener nada que ver". "Yo firmaba pero no tenía ninguna responsabilidad en averiguar si había alguna ilegalidad detrás de ellas, ya que por debajo tenía a 300 funcionarios", incidió entonces.

En su sentencia, la Audiencia asevera que la exalto cargo de UM, en el momento de los hechos, "debía el máximo respeto a la Administración a la que servía y a los ciudadanos que le permitieron llegar a ella", de modo que su conducta "debe conducir a un plus de reprochabilidad especialmente cuando se hace un uso torticero de las estructuras que conforman la Administración".

Es más, abunda en que "la gravedad de los hechos viene determinada por su trascendencia social, por la entidad del daño a la función pública, por los deberes a la fidelidad al cargo público que quebranta y por la importancia del bien jurídico protegido que, en definitiva, es el buen funcionamiento de los servicios públicos".

De forma paralela, también fue condenada, en su caso a seis meses de cárcel, a sustituir por multa, la exsecretaria técnica de Cooperación Local Coloma Castañer, la misma pena que al empresario Simón Galmés, mientras que a otro de los proveedores beneficiados, Miguel Rullán, le ha fue impuesta una pena de nueve meses de prisión.

Pese a que inicialmente la causa fue abierta al apuntar los investigadores a un supuesto desvío de unos dos millones de euros por trabajos no prestados en relación con el servicio de recogida selectiva, finalmente las pesquisas quedaron constreñidas a la contratación de las sillas y el servicio de control.

La sentencia considera probado cómo Julve y Castañer se pudieron de acuerdo para actuar "con el fin de beneficiar a amigos y empresas próximas a miembros destacados de UM", para lo cual se concertaron con Galmés, responsable social de la empresa Ses Nostres Eines, y Rullán, del Grupo Rullán. Y ello, asevera la resolución, "con desprecio total" de las normas administrativas y legales de contratación pública.

"INSULTO A LA RACIONALIDAD"

De hecho, respecto a una de las contrataciones objeto de juicio, el tribunal se muestra tajante al afirmar que "supone un insulto a la racionalidad" negar la existencia de un concierto para defraudar, y recalca que ambos empresarios se presentaron al negociado "porque sabían que iban a ser los ganadores, pues así se había decidido por los políticos de turno, para pagar favores a los amigos y por militancia política".

"Tan arraigada está la idea de la confianza que Miguel Rullán declaró que veía lógico que la Administración invite sólo a empresas de confianza a los negociados", espeta la Sala.

La sentencia especifica cómo tanto Castañer como el entonces conseller de Cooperación Local, ya fallecido, acordaron beneficiar a Rullán, en noviembre de 2005, con un expediente valorado en 29.928 euros para el suministro de '2.150 sillas de resina blancas con brazos', mientras que, del mismo modo, en julio de 2006 Julve resolvió adjudicar otro expediente por el mismo concepto -la adquisición de 2.150 sillas- por un importe de 29.928 euros, que acabó en manos de Galmés.

Pese a que la Fiscalía apuntaba que el Consell abonó un precio "desproporcionado" -casi el cien por cien superior- por unas sillas que no constan recibidas, el tribunal afirma que no consta "suficientemente acreditado" este extremo puesto que las sillas "fueron entregadas a sus destinatarios en el año 2007".

"Ergo los adjudicatarios cumplieron íntegramente el contrato", recalca la Sala, que absuelve por tanto a todos los acusados del delito de malversación que pesaba sobre ellos.

SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA

En cuanto al otro de los hechos que han sido objeto de investigación, la contratación de Ses Nostres Eines por parte de las empresas adjudicatarias de la recogida selectiva (FCC/Lumsa por un lado y Melchor Mascaró/Rebalim SA y Hermanos Pellicer Pons SA, por el otro), a fin efectuar el control y seguimiento de los servicios de recogida prestados, el tribunal señala que no se produjo ningún desvío de fondos por parte del Consell.

JULVE NIEGA SU VINCULACIÓN CON LAS IRREGULARIDADES

Interrogada durante el juicio por estos hechos, Julve afirmó que se encontró que había un concurso para entregar un segundo lote de 2.100 sillas a 21 ayuntamientos, lo que consideró una "necesidad" puesto que algunos municipios "no tienen presupuesto" para comprarlas.

Este caso de supuesta corrupción llegó a la Fiscalía después de que en verano de 2010 los servicios jurídicos del Consell encargaran una auditoría al detectar que había una sobrefacturación en el departamento de Medio Ambiente que podía superar el millón de euros.