Actualizado el 14/07/2026 12:27 Compartir
Las ECU son organismos técnicos acreditados e inscritos por la administración autonómica que pueden colaborar con los ayuntamientos en la revisión y verificación de expedientes urbanísticos. Su función consiste en analizar la documentación presentada por los promotores y emitir un Certificado de Conformidad Urbanística que acredita el cumplimiento de la normativa aplicable.
Una vez presentado este certificado en el Ayuntamiento y registrado ante la administración competente, el expediente puede resolverse en un plazo muy reducido, lo que permite que la licencia sea concedida en sólo unas semanas. Este procedimiento mantiene intactas las competencias municipales, puesto que la administración conserva en todo momento la supervisión, control y capacidad de decisión sobre los expedientes.
El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacado que "la incorporación de las ECU supone un paso adelante en la modernización de la administración local y en la mejora del servicio que ofrecemos a nuestros vecindarios". Llompart ha añadido que «esta herramienta nos permite agilizar los trámites urbanísticos, reducir los tiempos de espera y facilitar que familias y empresas puedan desarrollar sus proyectos con mayor rapidez, siempre con todas las garantías legales y técnicas».
La puesta en marcha de este sistema también permite optimizar los recursos municipales, concentrando el trabajo de los servicios técnicos en tareas de supervisión y control, al tiempo que se agiliza la gestión de los expedientes. De esta forma, se favorecen tanto la actividad económica como la ejecución de nuevas inversiones y proyectos residenciales en el municipio.
La implantación de las ECU en las Islas Baleares tiene su origen en la reforma de la legislación urbanística impulsada por el Gobierno de las Islas Baleares durante el año 2024. La primera habilitación normativa se produjo mediante el Decreto ley 3/2024, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas, aprobado el 24 de mayo de 2024, que introdujo Baleares (LUIB) la regulación de estas entidades colaboradoras. Posteriormente, la Ley 7/2024, aprobada en diciembre del mismo año, consolidó este modelo incorporando un nuevo capítulo de colaboración público-privada en materia urbanística.
El Ayuntamiento de Marratxí valora positivamente los primeros resultados obtenidos con este modelo de colaboración público-privada y continuará impulsando medidas que permitan ofrecer una administración más eficiente, cercana y adaptada a las necesidades de la ciudadanía.
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