Terraferida y GOB denuncian el desastre en el torrente de Na Borges ante la Comisión Europea

Tal y como anunciaron hace meses, GOB y Terraferida remitieron la pasada semana un escrito de denuncia a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, informando sobre la actuación promovida por la Consejería de Medio Ambiente en el torrente de na Borges y que supuso el arrasamiento y destrucción de los hábitats naturales a lo largo de más de 15 kilómetros de zona protegida.

Recordemos que a raíz de las fuertes lluvias de octubre de 2018 en el levante de Mallorca, la Consejería promovió con carácter de urgencia varias actuaciones en torrentes con el objetivo de reparar daños y restaurarlos ambientalmente. Esto lo hizo amparándose en el decreto-ley 2/2018, con el que también se dispusieron medidas de ayuda a las personas afectadas.

Pero resulta que aquel episodio de lluvias no afectó precisamente en la cuenca del torrente de na Borges, donde no se produjo avenida ni desbordamiento. De hecho, el decreto-ley no prevé la intervención en los municipios de Petra y Santa Margalida, por donde discurre buena parte del torrente. Aquí no hubo ningún tipo de emergencia, ni ningún riesgo ambiental subsanar, ni ninguna afectación negativa ambiental o social que justificase ni la urgencia ni la necesidad de la actuación.

Así, interpretamos que la Consejería de Medio Ambiente utilizó la herramienta del decreto-ley para poder intervenir, bajo su paraguas legal, en el torrente de na Borges y así evitar la realización de la correspondiente evaluación previa de impacto ambiental de las obras.

El torrente de na Borges, el más largo de Mallorca, discurre en sus últimos 15 kilómetros por dentro de la Zona Especial de Conservación (ZEC) ES5310029-Na Borges. Esta zona protegida forma parte de la red europea Natura 2000, y está amparada por la Directiva 92/43 / CEE. Así, los proyectos que no tengan que ver con la gestión conservacionista del espacio protegido deben ser previamente evaluados sobre sus repercusiones ambientales y especialmente la afectación a los hábitats naturales que motivaron la protección.

En el caso del arrasamiento de la lecho y márgenes del torrente de na Borges, la Consejería de Medio Ambiente obvió su obligación de evaluación previa del impacto de las obras, por lo que en nuestra opinión incumplió con las obligaciones establecidas en la Directiva europea.

Todo esto se ha puesto en conocimiento de las autoridades de la Comisión Europea, instándolas a actuar ante este incumplimiento. Las normas y protocolos de protección ambiental lo son para todos, y resulta inaceptable que la propia administración utilice argucias para evitarlas cuando impulsa sus proyectos.