El GOB pide a Pedro Sánchez que suspenda el Decreto-Ley Omnibus

Nota prensa GOB

El polémico texto publicado recientemente por el Govern Balear, que modifica más de 50 normas, implica consecuencias graves en cuanto a las garantías de protección de los recursos naturales y del suelo y con graves consecuencias también en cuanto a la afectación tan sustancial en el marco normativo existente, con una medida totalmente antidemocrática como es un decreto-ley. Un decreto-ley que por otra parte, no justifica en absoluto la urgencia más allá de la evitación del debate social y político de un cambio sin precedentes en la regulación del marco normativo.

El GOB se ha reunido este pasado fin de semana a nivel interinsular para coordinar esta vía de impugnación y está trabajando en el argumentario para motivar la carta que en los próximos días tiene previsto dirigir al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el detalle de los motivos que desde la entidad ecologista consideramos inconstitucionales en relación con la afectación a los principios de igualdad, seguridad, no regresión y protección ambiental.

Aspectos como la eliminación de la Comisión de Medio Ambiente, la legalización de edificios en rústico, los nuevos aparcamientos en playas saturadas, la modificación de la Ley de Reserva de Biosfera, la desarticulación de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el GOB sobre el Bienestar de las Generaciones presentes y futuras, la posibilidad de construir en zonas de Prevención de Riesgos, o aumentar la edificabilidad del suelo rústico de forma que se puedan levantar y consolidar edificaciones de grandes dimensiones, ni tienen urgencia ni son simplificación administrativa, sino pura desprotección de los valores territoriales de las islas y un deterioro democrático.

Hoy martes se plantea en el Parlament balear la validación del citado Decreto-Ley y el inicio de su tramitación como proyecto de ley. Por eso, desde el GOB anunciamos la presentación de esta solicitud directamente al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la fundamentación jurídica necesaria para que use sus facultades para frenar lo que la entidad considera un abuso de poder.

Desde el GOB consideramos que el alcance de las consecuencias del decreto, la afectación a principios de igualdad, seguridad y protección ambiental, y la forma (decreto-ley) en que se impone, no son de recibo

El GOB se persona en todos los ayuntamientos como parte interesada en todos los expedientes de legalización.

Además de esta iniciativa, el GOB ha decidido personarse ante todos los ayuntamientos de las Islas como parte interesada en todos los expedientes de legalización de construcciones en rústico que se puedan tramitar a raíz de la publicación del Decreto Ley el pasado 28 de mayo.

El hecho de que los procedimientos de legalización se realicen en los ayuntamientos, sin ninguna intervención externa, sin pasar por ninguna exposición pública, ni comisiones de urbanismo o de patrimonio del Consell Insular, ni deban recibir ningún informe externo de ningún organismo, hace que éstas legalizaciones sean completamente opacas.

A raíz de la última amnistía urbanística existen numerosas sospechas de fraude en expedientes de legalización (antigüedades “no comprobadas”, infracciones no terminadas y por tanto en curso de ejecución que se habrían permitido finalizar, cambios de uso de edificaciones agrarias en viviendas , etc). Así, por ejemplo, con la nueva amnistía, no basta con que una edificación esté realizada antes de una fecha determinada, es necesario también que desde esa fecha no haya sido objeto de obras que hayan interrumpido el plazo de prescripción; en el caso de las obras en el interior de ANEIs, por ejemplo, sólo podrían ser legalizadas aquellas que no hubieran sido objeto de obras desde el año 1991, de lo contrario se trataría de infracciones continuadas y no prescribirían en encontrarse dentro de espacios protegidos; la antigüedad de las edificaciones que se pretendan legalizar debe quedar acreditada de forma fehaciente, no una parte sino de la totalidad; tampoco se pueden convertir edificaciones agrarias o escombros en nuevas viviendas. En definitiva, no se puede permitir un nuevo coladero de ilegalidades que premie las infracciones y permita, aún más, que los especuladores hagan negocio a costa de nuestro dañado territorio.

La acción pública en materia de medio ambiente y urbanismo es reconocida por la normativa vigente y es haciendo uso de ésta y del derecho a la información urbanística que las secciones insulares del GOB se están personando en todos los ayuntamientos para ser considerado parte interesada en la totalidad de los expedientes de legalización que se pretendan amparar en el nuevo decreto ley. Ningún expediente podrá ser resuelto sin al menos dar traslado a nuestra entidad y ninguna autorización se podrá considerar vigente hasta que nos sea notificada formalmente. Cabe recordar que hace unos días el Defensor del Pueblo ha avalado, con un extenso informe jurídico, que el GOB tiene derecho a acceder a los expedientes urbanísticos.