Los Socialistas exigen la suspensión cautelar del traslado de residuos de Ibiza por falta absoluta de garantías

Los Socialistas de Mallorca y los de Palma denuncian opacidad, riesgos ambientales, impacto directo sobre 35.000 vecindarios de Palma debido al tráfico de estiércol de Ibiza hacia la planta de Son Reus que se ha iniciado hoy y alertan de que el plan piloto puede quedarse en vigor durante años sin control real. El Grupo Socialista exigirá al pleno municipal, que el traslado se realice con las máximas garantías de seguridad y que se cree una comisión de seguimiento con los vecindarios y entidades cívicas y sociales para que conozcan en detalle cada movimiento de los residuos dentro del término municipal de Palma.

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca y el Grupo Municipal Socialista de Palma han denunciado hoy, ante la planta de Son Reus, la llegada del primer contingente de estiércol de Ibiza para su tratamiento en Mallorca. La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha afirmado que "Mallorca no quiere ser el estercolero de Ibiza" y ha recordado que la isla pitiusa, bajo la presidencia de Vicent Marí, "hace años que incumple la política de reducción, reutilización y reciclaje que marca la ley", mientras que la ciudadanía de Mallorca lleva décadas manteniendo unas residuos.

Cladera ha remarcado que esta operación es consecuencia directa de la inacción de Eivissa y que Mallorca no debe asumir el coste ambiental de una gestión deficiente. Denunció la falta absoluta de transparencia en todo el proceso, explicando que se ocultaron informes, controles e información esencial, y remarcó que el presidente Galmés no apareció en ningún momento, a pesar de ser el responsable político de la operación. "En lugar de dar explicaciones, Galmés ha enviado al conseller Bestard, un cargo que, según Cladera, ya no debería ocupar responsabilidades públicas después de haber mentido y utilizado recursos públicos para uso particular".

Cladera ha apelado a la peligrosidad de los residuos que ahora circulan a diario entre Ibiza y Palma: "ayer mismo el barco que transportaba los residuos quedó inmovilizado en Ibiza por riesgo ambiental, algo que evidencia que el proceso es delicado, peligroso y carecer de controles suficientes". Ha advertido que los convenios firmados permiten el transporte de "residuos a granel, una práctica que empeora las condiciones ambientales y que hoy se ha maquillado llevando los residuos envueltos".

Ante esta situación, Cladera ha exigido la suspensión cautelar del plan piloto hasta que el Gobierno de las Islas Baleares, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma y todas las instituciones implicadas completen las auditorías, inspecciones e informes necesarios para garantizar que el traslado se realiza con seguridad. Denunció que no se ha informado a los ciudadanos, que no se han hecho reuniones con los municipios afectados y que el presidente Galmés sigue sin dar la cara ni explicar la verdad sobre la operación.

También ha advertido que el plan piloto, pese a presentarse como temporal, puede alargarse mucho más de lo previsto, ya que la legislación, creada ad hoc, establece que se prolongará hasta que Ibiza tenga un nuevo Plan Director de Residuos. Por último, Cladera ha denunciado que la bajada de tarifas anunciada por el Consell es un fraude, ya que supondrá una reducción mínima para cada domicilio mientras Mallorca tendrá que asumir el tratamiento de los residuos de Eivissa sin garantías, sin control, sin inspección y sin transparencia.

En la misma comparecencia, el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Palma, Xisco Dalmau, ha afirmado que hoy "es un día triste para los ciudadanos de Palma porque, una vez más, el alcalde Martínez pone por delante los intereses privados por encima del interés general y de las necesidades de las entidades sociales", que conforman la plataforma presentada hace unos días, con más de 1.

Ha explicado que esta operación tiene un impacto directo sobre los vecindarios de muchas barriadas de Palma, especialmente de la Garriga y de Son Sardina, que son las que más lo sufrirán, y ha recordado que "más de 35.000 vecindarios verán pasar por delante de su casa los camiones cargados de residuos procedentes de Eivissa hasta la planta incineradora". Dalmau ha anunciado que el Grupo Socialista llevará una iniciativa al pleno municipal del 30 de julio para exigir que el traslado se realice con las máximas garantías de seguridad y que se cree una comisión de seguimiento con los vecindarios y entidades cívicas y sociales para que conozcan en detalle cada movimiento de los residuos dentro del término municipal de Palma.

Ha denunciado que una vez más el alcalde Martínez no ha dado la cara y que los residuos han llegado "a escondidas, de noche, con ocultación y alevosía, intentando hacer creer que los vecindarios no se darían cuenta". Afirmó que los vecindarios son perfectamente conscientes del incremento de tráfico que sufrirán las vías más cercanas, así como del aumento de olores y ruido, que es uno de los principales problemas que sufre la ciudadanía de Palma. Dalmau ha insistido en que el gobierno municipal debe dar explicaciones, presentar los informes y actuar con responsabilidad ante una operación que afecta de forma directa a la vida cotidiana de miles de personas.