El GOB pide a los Ayuntamientos que se planten ante la aplicación de las medidas del Decreto-ley de vivienda del Govern

El GOB advierte que, bajo el discurso de la emergencia habitacional, se esconde una intervención abusiva por parte del Govern que desregula los principios básicos de la ordenación urbanística municipal y usurpa sus competencias.



El GOB está estudiando las determinaciones del Decreto ley 6/2023, de 2 de octubre, de medidas urgentes en materia de vivienda aprobada que tiene por objetivo, no resolver el problema de la vivienda, sino cómo reza la propia exposición de motivos ”adoptar una norma con rango de ley que permita la modificación de diferentes disposiciones normativas que facilite la incorporación de viviendas privadas en el mercado”.

Esta incorporación se realiza básicamente a través de permitir el incremento de alturas, generalizando la conversión de locales en viviendas y modificando mínimos de habitabilidad, duplicando viviendas existentes en las que el uso de plurifamiliar esté permitido y posibilitando construir viviendas en suelos privados o públicos destinados a equipamiento. A estas medidas, se añade el cambio de uso de los hoteles a viviendas de forma indiscriminada y sin la correspondiente ordenación urbanística, necesaria para garantizar la habitabilidad, no sólo del punto de vista de las características de la vivienda y habitabilidad de éstos, sino desde el punto de vista de la realidad cotidiana en cuanto a densidades, movilidad, accesibilidad, acceso a servicios y equipamientos, zonas verdes, etc.

En definitiva se trata de una norma que burla la planificación y ordenación urbanística municipal, rompe las previsiones que, en este sentido, hacen los planeamientos municipales en cuanto a dotaciones de equipamientos, servicios, zonas verdes, etc. implicando una densificación e intensificación sin la respectiva planificación y sobre todo, sin ningún tipo de participación ciudadana en el proceso – que sí se hace cuando existen los procesos de elaboración, revisión o modificaciones urbanísticas.

La norma es una desregulación sin precedentes de la ordenación urbanística municipal que, vía cantidad, pretende solucionar una problemática estructural como es el acceso a la vivienda. Porque casas las hay, y muchas vacías, y muchas dedicadas a usos – como el turístico – que no le son propios, y porque el problema no es la disponibilidad de vivienda, sino la especulación y los usos que hacen que los precios sean inasequibles actualmente para cada vez más gente.

Desde el GOB instamos a los Ayuntamientos a aprovechar lo que determina la propia ley ya convocar plenarios extraordinarios para acordar dejar sin efectos las determinaciones normativas relativas a esta desregulación urbanística y que, se concretan en dejar sin efectos la aplicación de:

• la Disposición Adicional Decimoséptima “Norma para facilitar la reconversión de locales existentes en viviendas”,
• la Disposición Adicional Decimoctava “Norma temporal de modificación de densidad de viviendas y para facilitar la división de viviendas unifamiliares entre medianeras”,
• la Disposición Adicional Vigésima “Norma temporal de cambio de uso y de aprovechamiento en los terrenos calificados como equipamientos públicos y privados”, y
• la Disposición Adicional Vigesimoprimera “Actuaciones para permitir el crecimiento en altura” de la LUIB, incorporadas a la disposición adicional primera del Decreto ley 6/2023, de 2 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda.

Otra cuestión es el artículo 78. de Reconversión y cambio de uso a residencial que modifica la Ley 8/2012 de 19 de julio de turismo de las Islas Baleares que el GOB considera un auténtico despropósito desregulador, y sobre lo que los Ayuntamientos quedan sin posibilidad alguna de intervenir.

Desde el GOB seguimos estudiando el texto y prepararemos alegaciones para presentar al Parlamento, a los partidos ya la ciudadanía, en el proceso -que esperamos que se dé- de convalidación del decreto-ley y posterior tramitación como proyecto de Ley de una norma que aboga todos los procesos participados y de competencia municipal de planeamiento y ordenación urbanística.