Terraferida pide al Govern que frene el crecimiento portuario que propone el nuevo Plan General de Ports

En junio de 2021 el Govern de las Islas Baleares aprobó inicialmente el Plan General de Puertos de las Islas Baleares. El Plan despliega una ley (la 10/2005) de Puertos de las Islas Baleares aprobada en tiempos del expresidente Jaume Matas y mantiene su perspectiva desarrollista, a pesar de la renuncia a construir ciertas infraestructuras. El pasado mes de septiembre, Terraferida y otras entidades presentaron alegaciones que, a día de hoy, todavía no han sido resueltas.
El Plan prevé hacer crecer un 13% el número total de amarre pasando de 24.020 a 27.131. Un 5% de este crecimiento sería de amarre permanente. El crecimiento propuesto por el Govern, tomando como referencia una estima del año 2017, prevé pasar de 30.022 embarcaciones a 36.745 en 2033, un incremento del 22,4%.
Es especialmente preocupante la filosofía de todo el Plan, un documento siempre en favor de embarcaciones cada día más grandes e impactantes que ve el mar como un negocio, un espacio que debe mercantilizarse al máximo aunque esto signifique arrinconar aún más los usos tradicionales y las pequeñas embarcaciones y aumentar la presión náutica sobre las zonas de baño para locales y turistas.
Todo este crecimiento contradice el relato comunicativo de Ports, que trata de ofrecer una imagen verde que no se corresponde con el Plan, convencidos de que la prensa, las entidades y la población en general no le leerá. Sin embargo, nuestra preocupación y la de muchas entidades es máxima ya que somos conscientes de que este Plan tendría un enorme impacto negativo sobre los ecosistemas marinos, sometidos ahora mismo a una presión ya excesiva.
El Plan, además, prevé una fiscalidad que mejore el desarrollo de la náutica, una inversión de más de sesenta millones de euros en reordenación de puertos y clubes náuticos y un impulso a las marinas secas, dragados, crecimiento de muelles, nuevas rampas y varaderos. Es por eso que pedimos al Gobierno que apueste por no crecer nada, cero amarres y que elimine a los ilegales (más de 1.000). Es necesario renunciar a esta visión mercantilista del mar, las instituciones públicas deben defender los ecosistemas marinos y los usos humanos tradicionales en vez de apostar por la gran náutica y privilegiar el uso del litoral por parte de los más ricos.