El GOB quiere crear un Plan de Transición Ecológica para la próxima legislatura

A principios de esta legislatura autonómica, el GOB, junto con otras entidades, se sumó a la campaña # Senselímitsnohihafutur. Hoy, cuatro años después, todos los límites que se denunciaban en 2015 han sido, desgraciadamente, ampliamente superados, sin que hayamos visto voluntad política para cambiarlo. 12 años después del estallido de la burbuja inmobiliaria, como si no se hubiera extraído ninguna lección de aquella crisis, vivimos un nuevo boom de la construcción ahora enfocada al lujo, y un auge de la economía basada en el turismo, dos procesos que, relacionados, están provocando un proceso de alienación cultural y ecológica de nuestras islas, una banalización de nuestros ecosistemas y explotación sin límites de los recursos naturales.

Esta situación se enmarca en un proceso de cambio climático cada día más evidente, con efectos de cada día más devastadores y que avanza a una velocidad que no había sido prevista; como tampoco lo serán, seguramente, sus efectos. Las Baleares, como ecosistema insular, con una economía altamente dependiente de los impactos del exterior, estamos sobreexpuestas a estos efectos.

Es por ello que presentamos estas propuestas por el ciclo electoral que viene, tanto en el ámbito estatal como de las Islas Baleares. Porque creemos que es un ejercicio de responsabilidad que las instituciones y agentes políticos se comprometan a conducir nuestra sociedad hacia una transición ecológica socialmente justa y solidaria. Una sociedad, que queremos, que tenga garantizados sus derechos ecológicos y territoriales, y soberana para actuar contra los efectos ambientales, económicos y sociales del cambio climático.

En cuanto al ámbito estatal, planteamos:

Costas y Litoral

Derogar de la modificación de la Ley de Costas para favorecer la protección del dominio público, favorecer su adaptación al cambio climático y regirse con criterios de conservación e interés público. Impulsar una política de recuperación del litoral, eliminando edificaciones, espigones, etc. que alteran la dinámica litoral y degradan el paisaje, y descartar nuevos proyectos impactantes como regeneraciones de playas, paseos marítimos, puertos, etc.

infraestructuras

Paralizar e impedir las ampliaciones de puertos y aeropuertos, y transferir sus competencias a las administraciones autonómica e insulares. Paralizar y revisar el actual Plan de Estratégico de Infraestructuras (PEIT) y el Convenio de Carreteras de la Comunidad con el Estado, e impulsar el Convenio Ferroviario

Política de viviendas

Penalizar fiscalmente las viviendas vacías, y las segundas residencias o las adquiridas con propósitos especulativos o de explotación turística para los propietarios de mayor número de viviendas.

Energía y cambio climático

Impulsar una Ley de Cambio Climático que regule de forma previsible, coherente y estable las políticas que afectan al clima y que incorpore objetivos ambiciosos para 2030 con una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables menos del 45% y del 40% de reducción en el consumo de energía con respecto a 1990.

recursos

Racionalizar el consumo del agua e impulsar el tratamiento terciario del 100% de las aguas residuales con el fin de facilitar su reutilización. Impulsar una ley estatal integral de residuos con obligaciones de prevención y reducción, recogida selectiva de materia orgánica, sistema de retorno de envases, etc.

medio natural

Establecer una nueva delimitación de las aguas autonómicas de Baleares extienden-las como mínimo en el ámbito del Promontorio Balear, e incorporar el ámbito de la reciente ampliación del Parque Nacional de Cabrera a la estructura de gestión preexistente, dirigida por la CAIB, reforzándola al nivel necesario pero sin crear una estructura administrativa paralela impulsada desde Madrid.

Tratados de comercio internacional

Rechazar explícitamente los Tratado de Comercio Internacional (TCI) y los mecanismos asociados para garantizar el mantenimiento de los derechos de las personas y el planeta frente a los intereses de las multinacionales. Esta postura se debe defender en el debate europeo.

fiscalidad ecológica

Implantación de una Ley de Bases de Fiscalidad Ecológica, instrumento para integrar las externalidades del actual paradigma económico, a través de las reformas normativas necesarias, elementos de fiscalidad verde utilizando las figuras fiscales actuales o creando nuevas figuras.

Administración de Justicia

El incremento de la actividad delictiva urbanística y ambiental es exponencial, mientras que los medios técnicos, económicos y humanos de la Fiscalía para combatirlos son modestos. En Baleares justo hay un fiscal que tiene asignadas responsabilidades en materia de medio ambiente. Es imposible lógicamente, atender el volumen de infracciones graves que afectan a este departamento.

En cuanto al ámbito autonómico e insular, planteamos:

Modelo económico y justicia social

Call reubicar el centro de la economía las necesidades humanas y el entorno que posibilita la vida y planificar el desarrollo de una economía que tenga como ejes principales la soberanía en la gestión y abastecimiento de los recursos naturales, la contención del crecimiento y la potenciación del desarrollo económico que ponga en valor los recursos, la historia, la cultura y el territorio isleños, contribuyendo a recuperar y reforzar nuestros rasgos de identidad.

Modelo urbanístico y territorial: un pacto por el territorio

Establecer un «Pacto por el territorio» que se convierta en un marco de protección ambiciosa y duradera que garantice la conservación del territorio y la dignidad de las personas que viven en ella. Como puntos básicos debería contemplar detener la especulación (evitar la tenencia especulativa de solares sin usos específicos y de terrenos rústicos sin actividad productiva), reconversión sin crecimiento, desclasificación, protección del suelo rústico y en definitiva un urbanismo al servicio de las personas . En Mallorca es urgente un nuevo Plan Territorial que detenga el crecimiento insostenible que se padece actualmente.

La conservación de la biodiversidad como eje estratégico

Hay que situar la protección y conservación del patrimonio natural entre las prioridades políticas, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde en cuanto a conservación de la biodiversidad en un escenario de gran intensidad de actividades humanas. Para ello hay que incrementar la red de espacios naturales protegidos con ampliaciones y nuevas declaraciones, disponer de los correspondientes instrumentos de planificación y gestión, y dotar de financiación suficiente para abastecer los recursos humanos y materiales necesarios.

Para una gestión integral y pública del agua

Hay que continuar con una revisión estricta de la gestión y planificación del agua que implique necesariamente un enfoque integral para utilizar el mejor recurso disponible en cada momento, teniendo en cuenta la superación actual de los límites de captación sostenible de los recursos convencionales y los problemas derivados de su sobreexplotación.

Energía y cambio climático

Hay que desarrollar las determinaciones establecidas por la ley de cambio climático y transición energética para garantizar una efectiva y real transición hacia un modelo energético más ecológico, eficiente, social y territorialmente justo y equilibrado, que impida los monopolios de las grandes empresas energéticas, la dependencia de los combustibles fósiles y la destrucción del territorio y que fomente como primera medida, el ahorro energético real. Así, entre otros a realizar el Plan de Transición Energética previsto por la Ley y revisar el Plan Director Sectorial Energético que determina la planificación futura de las infraestructuras energéticas.

Residuos urbanos: cerrar la incineradora e impulsar la estrategia «residuo cero»

Hay que cambiar la política en materia de gestión de residuos para que se priorice el interés público, se optimice la gestión del dinero público y se prioricen las políticas necesarias para la reducción de residuos con el fin de poder planificar el cierre de la incineradora de Son Reus a medio plazo. Así, hay que modificar el Plan Director Sectorial de Residuos Sólidos Urbanos, enfocándolo hacia la estrategia «residuo cero»

Un modelo de movilidad integral que priorice el transporte público: no más carreteras

Hay que revisar conjuntamente y con una visión integral de la movilidad, todos los instrumentos normativos y de planeamiento que afectan diferentes aspectos de la movilidad y que aún a día de hoy, se siguen gestionando como cuestiones inconexas y diferenciadas: carreteras, movilidad de personas y mercancías, transporte turístico, vías municipales, transporte público. La dispersión competencial y la inexistencia de un criterio unificado que priorice la racionalidad del uso del transporte, la oferta de transporte público y la no construcción de nuevas infraestructuras, nos llevan a escenarios insostenibles ambiental y territorialmente.