Actualizado el 23/05/2026 19:00 Compartir
La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern de les Illes Balears considera que el anuncio realizado hoy por el Ministerio de Política Territorial sobre la modificación del Reglamento General de Costas no supone ningún avance en la descentralización efectiva de las competencias transferidas a las comunidades autónomas y, en algunos aspectos, puede incluso representar un retroceso.
Las medidas anunciadas por el Estado, fruto de una negociación bilateral exclusivamente con Cataluña y sin consenso ni diálogo previo con el resto de comunidades autónomas afectadas, ya estaban contempladas en el Decreto de Traspaso de competencias de Costas a las Illes Balears y, por tanto, no constituyen ninguna novedad ni refuerzan el autogobierno de nuestra comunidad autónoma.
En concreto, el mecanismo de notificación al Estado de los expedientes de concesiones demaniales y el plazo de dos meses para emitir criterio ya figuraban en el marco competencial vigente. Además, la propuesta de modificación reglamentaria introduce ahora el riesgo de convertir determinados informes vinculados a estrategias marinas en mecanismos de silencio administrativo negativo, lo que podría derivar en una mayor paralización de los procedimientos y en más inseguridad jurídica.
Del mismo modo, la creación de una Comisión de Seguimiento del traspaso tampoco representa ninguna medida nueva. Este órgano ya estaba previsto y desde el Govern de les Illes Balears se lleva más de tres años reclamando su convocatoria, sin obtener respuesta por parte del Estado.
El Govern ya presentó alegaciones al proyecto de modificación del Reglamento de Costas y lamenta la falta de diálogo del Gobierno de España durante todo el proceso. Cabe recordar, además, que el Ejecutivo central no participó en las comparecencias celebradas en el Senado con las comunidades autónomas afectadas y que sigue pendiente la convocatoria de la Mesa Sectorial de Costas.
El proyecto de modificación del Reglamento de Costas se ha impulsado de forma unilateral, sin consenso ni negociación previa con las comunidades autónomas. Cabe recordar también que el Senado aprobó recientemente una moción reclamando la paralización de esta reforma reglamentaria y la apertura de un proceso de diálogo para abordar conjuntamente una modificación más amplia de la Ley de Costas.
Además, la Conselleria aprovecha para reivindicar, una vez más, que el Estado revierta en las Illes Balears parte de los más de 12 millones de euros anuales que recauda en las islas a través del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre. El Govern recuerda que, pese al traspaso de competencias de Costas, la comunidad autónoma asume íntegramente los costes de la gestión del litoral sin recibir compensación económica ni inversiones proporcionales para actuaciones de regeneración de playas, protección de acantilados, limpieza del litoral o adaptación al cambio climático.
La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua reitera su voluntad de cooperación institucional, pero reclama al Estado una interlocución efectiva y leal, así como medidas que permitan agilizar la gestión y dar respuesta a las necesidades del litoral balear.
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