Actualizado el 24/05/2024 18:03 Compartir
En el marco de esta reunión, Falcó ha lamentado que «una vez más no se han aclarado las dudas» y han reclamado una «hoja de ruta» que deje claro el protocolo de aplicación y dote de seguridad jurídica a las comunidades autónomas a la hora de justificar los fondos destinados en este programa.
Del mismo modo, Falcó ha lamentado que todavía no se ha repartido «ni una sola tarjeta de alimentos” en todo el Estado, hecho que, según el director general, «podría comprometer la justificación económica ante Europa».
Cabe recordar que la Consellería de Familias y Asuntos Sociales ya ha manifestado en numerosas ocasiones que «a pesar de que el programa podría ser positivo», en palabras de Falcó, «su aplicación está siendo tremendamente caótica, abocando en las comunidades a hacer esfuerzos ingentes para poder dar cobertura a todas las unidades familiares que se quedarán sin acceso a esta prestación».
El pasado mes de noviembre, la Conselleria ya previó una convocatoria de ayudas extraordinaria de 1,6 millones de euros para la compra de alimentos, destinada tanto a entidades de reparto como comedores sociales. Esta convocatoria tenía el objetivo de llegar a las personas que hasta ahora percibían una ayuda para la compra de alimentos pero que ya no lo recibirán porque, por ejemplo, no tienen menores a cargo suyo, un extremo que denunció la consejera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, puesto que el sistema dejaba fuera colectivos importantes en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo personas mayores o con discapacidades.
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