PIMEM recuerda al nuevo Gobierno que la reducción de la jornada laboral es un despropósito

PIMEM avisa al presidente Pedro Sánchez: "No se pueden tomar medidas que afecten a las empresas sin estudios y análisis que avalen las decisiones políticas y mucho menos sin un debate de consenso que dé estabilidad a largo plazo". La patronal mallorquina cree que la propuesta sobre la reducción de la jornada laboral, uno de los puntos tratados en debate de investidura, es un fallo tanto en las formas como en el fondo. En cuanto a las formas, la Federación cree que en un contexto de tanta tensión ideológica no es el mejor escenario para realizar “proclamas laborales” y sin un mínimo debate entre los actores que más pueden sufrir estas medidas en este caso, pymes y autónomos .

En cuanto al fondo de la cuestión, la patronal mallorquina ya dijo en su momento que la reducción de la jornada laboral era un error porque de lo que se trata es de tomar decisiones en funciones de la productividad y en el caso de la española es de las más bajas de Europa. Fijando la medida en el tejido productivo balear por PIMEM todavía es un mayor despropósito. La Federación ve un error querer implantar esta medida en una economía en la que sus pymes están sometidas a una fuerte dependencia turística, y por tanto con repuntes de jornadas laborales muy intensas. Este contexto obliga a muchos pequeños empresarios a hacer uso de más horas para cumplir las exigencias de mercado y por tanto, lejos de charlar de reducciones de jornadas laborales, debe plantearse un encaje en cómo cubrir de la mejor manera posible las jornadas que existe durante una determinada época del año. La solución planteada hasta el momento es la de mayor contratación, pero los números apuntan a pérdidas de alrededor de un 20% por parte del empresario haciendo imposible esta alternativa.

Fuera de la reducción de la jornada laboral, pero dentro de los mismos puntos negociados por el ejecutivo, PIMEM muestra su desacuerdo en el incremento del coste de despido (de 33 días a 45 días) y rechaza de lleno el llamado salarios de tramitación (cuantía que abona la empresa en caso de extinción de la relación laboral y posteriormente reincorporación, normalmente por sentencia judicial, por el importe de los salarios dejados de percibir desde el momento de la extinción hasta su reincorporación).

En cambio, fuera del debate, sí PIMEM espera y cree que este Gobierno debe ponerse a trabajar ya en dos direcciones. La primera es la de un compromiso inmediato y consensuado para que las pymes españolas tengan una representación real dentro de las mesas de diálogo social y empresarial a nivel estatal y salir de esa anomalía que sólo se da España. Debe ser una incorporación independiente de la gran patronal que actualmente ocupa todo el espacio de representación empresarial. La segunda es la puesta en marcha de los mecanismos para perseguir la morosidad de grandes empresas e instituciones a la hora de pagar a las pymes. PIMEM exige un régimen sancionador por quien no cumpla los días de pago en las pymes españolas y que ya marca la ley, 30 de administración ha privado y 60 entre privados.