Actualizado el 17/09/2022 06:01 Compartir
El secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática del Gobierno, Jesús Jurado, y el senador por designación autonómica, Vicenç Vidal, han presentado este viernes al lado del Fortín de Illetes las enmiendas territoriales de Baleares a la nueva Ley de memoria democrática, enmiendas que registró Vidal el pasado lunes en el Senado, donde la Ley empieza ahora su tramitación parlamentaria.
El Fortín de Illetes (Calvià) es precisamente uno de los espacios que la Secretaría Autonómica de Sectores Productivos y Memoria Democrática del Govern ha pedido proteger mediante su inclusión preferente en el Catálogo de Espacios de la Memoria previstos en la nueva Ley. Se trata de un complejo de edificios que entre 1936 y 1941 fue utilizado como prisión de republicanos y lugar de represión y exterminio, donde fueron asesinadas decenas de personas por defender la República y la democracia. Además, el Govern quiere instalar allá un espacio de interpretación de la memoria democrática, reivindicación histórica del movimiento memorialista balear.
También ha pedido al Gobierno estatal incluir en dicho Catálogo el edificio que fue la casa de Emili Darder, el último alcalde republicano de Palma, y su cesión al Ayuntamiento, al entender que este espacio necesita ser gestionado por el consistorio para actividades acordes con la finalidad propia de la Ley de recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática.
Emili Darder fue detenido después del alzamiento militar del 18 de julio de 1936, sometido a consejo de guerra, vejado y fusilado el 24 de febrero de 1937. Su casa fue expropiada por el ejército sublevado, actualmente es propiedad del Ministerio de Defensa y acoge la Delegación de Defensa del Ejército.
Así mismo, la Secretaría Autonómica de Memoria Democrática del Govern ha solicitado la declaración de los monumentos de S’Esplanada (Maó) y de Sa Feixina (Palma) como elementos contrarios a la memoria democrática. El primero de ellos, situado en la Plaza de S’Esplanada de Maó, en terrenos de titularidad estatal del Ministerio de Defensa, porque fue un monumento construido por el franquismo para enaltecer el régimen dictatorial y utilizando, además, mano de obra forzosa republicana. El segundo, ubicado en el Parque de Sa Feixina de Palma, por ser un monumento construido por el franquismo para glorificar la tripulación del crucero Baleares, responsable de gravísimos crímenes de guerra en el bombardeo de la población civil en la carretera de Málaga a Almería, en 1937.
«Las políticas de Memoria Democrática en las Illes Balears van en la buena dirección, pero todavía hay ámbitos en los que se tiene que seguir trabajando, entre ellos algunos elementos de titularidad estatal. Este es el motivo de estas enmiendas a la Ley: explicitar las principales demandas en el texto de la Ley, para poder asegurar los avances que tienen que darse», ha manifestado el secretario autonómico, Jesús Jurado.
Según el senador autonómico, Vicenç Vidal, «la valoración del grueso de la sociedad civil centrada en la lucha por la memoria es muy positiva» y ha destacado que, además de la casa de Darder, el Forti de Illetes, Sa Feixina y Sa Explanada de Maó, ha presentado 18 enmiendas más, que hacen un total de 22, «fruto de la preocupación que expertos y tejido asociativo memorialista tienen respecto a las competencias autonómicas de la materia y la atención a las víctimas». Además,Vidal ha recordado que se ha sumado a las demandas otros grupos referentes a la consideración de Juan Carlos I como heredero de Franco o a la devolución de locales y centros sociales confiscados por el franquismo.
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