La Fiscalía pide que se sustituyan por multa las peticiones para los exaltos cargos de Baleares

La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado sus peticiones para cuatro de los cinco exaltos cargos de Baleares que se sientan en el banquillo en el marco del caso Nóos. Excepto para el expresidente del Govern Jaume Matas, para quien reclama cinco años de prisión -respecto a los once que solicitaba inicialmente-, el Ministerio Público reclama que se sustituyan por multa las penas definitivas que solicita para los que fuesen subordinados del exdirigente autonómico.

Se trata del exdirector general de Deportes del Govern José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, el exasesor jurídico de esta entidad Miquel Àngel Bonet, y el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, quienes se encuentran acusados por su papel en las negociaciones para la puesta en marcha, entre otros proyectos, de los denominados Illes Balears Forum, por los que el Instituto Nóos cobró 2,3 millones de euros.

En concreto, el fiscal Pedro Horrach solicita dos años de cárcel para Ballester a sustituir por el pago de 12.600 euros en multas, la misma pena que reclama para Bernal; un año de prisión para Bonet a sustituir por 4.050 euros, y otro año para Alía a sustituir por 6.750 euros. El fiscal hace hincapié en su colaboración con la justicia y pide que les sea aplicadas atenuantes de reparación del daño y confesión.

El fiscal hace constar en su escrito de calificación definitivo que, en concepto de responsabilidades civiles -derivadas de la comisión de los supuestos delitos-, que Bernal ha hecho frente al pago de 6.300 euros y contempla abonar otros 6.850 euros en un plazo de seis meses, lo que supondría un 0,50 por ciento de la cantidad que le fue exigida en el marco de estas pesquisas.

Por su parte, Bonet ha abonado 2.916 euros (el 2,5 por ciento), la misma cantidad que ha pagado Alía, y Ballester abonó en abril de 2015, meses antes de iniciarse el juicio de esta causa, un total de 52.601 euros, la misma cantidad que reclamaba la Fiscalía para él.

Con vehemencia y sin excepciones, durante su declaración en el juicio los cuatro exaltos cargos responsabilizaron a Matas de las decisiones adoptadas a la hora de contratar con Urdangarin y su exsocio Diego Torres a cambio de la puesta en marcha de diversos proyectos cuyo presupuesto -2,6 millones de euros en total procedentes de las arcas del Govern- nada tuvo que ver con el coste real -notablemente inferior- que supusieron.

Todos ellos achacan al exministro las instrucciones para adjudicar 'a dedo' las iniciativas propuestas para las islas por el propio Urdangarin y apuntaron al papel determinante que éste ejerció en las negociaciones para contar con los servicios del Instituto Nóos y de otra de las entidades que conformaban el entramado urdido por el exduque y Torres, Nóos Consultoría Estratégica.

LOS CUATRO SUBORDINADOS DE MATAS APUNTARON AL EXPRESIDENTE

Tanto Bernal como Alía y Bonet señalaron tajantes que las directrices partieron siempre del expresidente -sobre quien pesan dos condenas firmes por corrupción, por una de las cuales cumplió nueve meses en prisión-, tanto a la hora de adjudicar la organización de los dos foros de turismo y deporte en Palma como una oficina para el seguimiento del equipo ciclista Illes Balears-Banesto.

Alía explicó que fue Ballester quien le trasladó que el 'presi', en referencia a Matas, ordenó que había que contratar a Nóos Consultoría Estratégica por el 'merchandising' del Illes Balears-Banesto y que era el Ibatur el que debía pagar el precio fijado para ello. Más en concreto, el exgerente del Ibatur se refirió a los 116.566 euros que su entidad, dependiente del Govern, abonó a Nóos Consultoría por la elaboración del material promocional del equipo y la creación de su página web.

Más contundente fue el exresponsable de los servicios jurídicos de este organismo, quien señaló que la orden del expresidente balear de contratar a Urdangarin era "drástica y directa". Durante su interrogatorio, Bonet, el único de los 17 acusados del caso Nóos que en la actualidad se encuentra en prisión, incidió en que, bajo el último mandato de Matas (2003-2007), había una "consigna férrea de que todo lo que venía del presidente no se discutía".