Actualizado el 07/01/2014 15:22 Compartir
Varios portavoces de área del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso consideran "razonable" la decisión del juez de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, José Castro de imputar, por segunda vez, a la infanta Cristina en el 'caso Nóos' y cuestionan la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, que siempre ha bloqueado esa imputación.
"La independencia judicial frente a la dependencia jerárquica de la Fiscalía. Finalmente imputación de la infanta. Razonable jurídicamente", ha argumentado, por ejemplo, el diputado del PSC Àlex Sáez, que es uno de los portavoces en la Comisión de Asuntos Exteriores.
También el portavoz de Sanidad, Pepe Martínez Olmos, ha utilizado su cuenta de Twitter para opinar sobre el auto del juez Castro. En varios mensajes, recogidos por Europa Press, el diputado por Granada avisa de que la imputación de la hija del jefe del Estado "por blanqueo y fraude fiscal va a poner a prueba muchas cosas e instituciones" y "sobre todo, la Monarquía".
El portavoz en la Comisión de Sanidad carga, asimismo, contra la Fiscalía y la Agencia Tributaria en este asunto, atribuyendo a ambas un "papel lamentable". A su juicio, ante la imputación de la infanta es "fundamental" que haya "un funcionamiento escrupuloso de la Justicia" y se abre una "ocasión de demostrar" que ésta es "igual para todos".
De su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Reglamento y diputado por Baleares, Pablo Martín Peré, ha reivindicado el trabajo del juez Castro durante los últimos nueve meses recopilando datos para concretar la imputación de la duquesa de Palma. A su juicio, el instructor está haciendo "el trabajo que se le pide a un juez" sólo que su decisión afecta "ni más ni memos que la hija de un jefe del Estado que, en este caso, no se elige democráticamente".
Martín Peré da por hecho que la Fiscalía Anticorrupción volverá a recurrir la imputación de la infanta aunque, en su opinión, "está por ver" que lo haga con los mismo criterios que alegó la primera vez que lo hizo porque ahora Castro ha aportado documentos nuevos. Desde su punto de vista, hasta ahora la Fiscalía ha aplicado criterios que van "más allá de lo jurídico".
Según ha explicado a Europa Press, el debate sobre el valor de las pruebas aportadas por el juez se tiene que producir en términos "estrictamente jurídicos y no políticos o institucionales". En este punto, hace hincapié en que la esposa de Diego Torres, socio de Urdangarin, está imputada en el caso con aval de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y que, salvo "matices" que seguro que el instructor conoce, todo parece indicar que su función era "prácticamente igual" que la de la infanta en Nóos y en Aizoon.
Por tanto, si se imputa a una y no a otra podría producirse un "agravio comparativo". "Cabe cuestionarse cómo puede haber esa disparidad de criterios", ha añadido, avisando de que, ante esta actuación dispar de los representantes públicos, podría achacarse incluso un eventual delito de prevaricación.
Por su parte, el guipuzcoano Odón Elorza, se ha limitado a apuntar que la imputación es una "mala noticia" para la Casa Real, aunque "esperable" vistos los "nervios" de Zarzuela, mientras que Guillem García Gasulla, diputado por Baleares, ha puesto el acento en el hecho de que Castro haya decidido citar a declarar a la infanta el 8 de marzo, coincidiendo, destaca con la celebración del "Día Internacional de la Mujer Trabajadora".
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