El Gobierno aprueba un Real Decreto para regular la asistencia a afectados por accidentes aéreos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la atención que deberán recibir las víctimas de accidentes aéreos y sus familiares con posterioridad a un suceso de este tipo.

La norma contempla los instrumentos ya existentes de atención a las víctimas en caso de accidente de aviación civil y mejora la coordinación entre los agentes implicados con el fin de definir un modelo de intervención más eficaz de los servicios requeridos en estas situaciones.

Además, recoge la adopción de un protocolo de coordinación que facilite la materialización de las medidas.

El Decreto se fundamenta en la normativa vigente en el ámbito internacional, como el Reglamento 996/2010 de la Unión Europea, el Manual de Asistencia a víctimas de accidentes de aviación civil, y la Política de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre asistencia a víctimas de accidentes aéreos y sus trámites, adoptados por la OACI.

España ha presidido el grupo de trabajo de este organismo que ha actualizado dichos documentos este 2013.

Para la elaboración de la norma se ha contado con la contribución de autoridades de protección civil autonómicas, los ministerios correspondientes, compañías aéreas y aeropuertos, además de la participación de la Asociación de Víctimas del Accidente de SpanairJK5022, que también ha intervenido en los trabajos de modificación de las normas de la OACI referidas.

"Nos habíamos comprometido tras el accidente de Spanair y teníamos el compromiso de constituir un grupo de trabajo y de aprobar un Real Decreto antes de su aniversario", señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, durante su comparecencia en el Congreso.

"Es un Real Decreto que contempla un tratamiento unitario de la emergencia aérea a escala nacional, poniendo a disposición de víctimas y familiares una persona de contacto, un espacio privado para las familias, líneas telefónicas gratuitas para mejor información, facilitación de transporte, alojamiento y manutención y protección de la intimidad de las personas", añadió Saénz, además de que el reglamento obliga a la difusión de derechos económicos de las víctimas ante las compañías.