Actualizado el 14/02/2022 11:57 Compartir
La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, manifiesta su disconformidad con la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio al conocer la intención del Govern de iniciar un procedimiento para elaborar una orden para la ejecución de un plan piloto del sistema de depósito, devolución y retorno de envases de bebidas en la isla de Formentera sin el consenso ni aviso con los distribuidores de envases, tales como bares, restaurantes, hoteles, comercios...
En la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Balears se establece la posibilidad de realizar una prueba piloto con una duración mínima de un año en la isla de Formentera, no sin antes realizar los estudios necesarios sobre la viabilidad y los aspectos que se deben tener en cuenta en el establecimiento de un sistema de depósito, devolución y retorno y dar a conocer los resultados de estos.
Tal y como hemos manifestado en diferentes ocasiones, el tejido empresarial balear está totalmente concienciado con la circularidad y la sostenibilidad ambiental, aunque debemos de estar alineados con la normativa estatal y europea, ya que de lo contrario se genera una pérdida de competitividad.
De la memoria para la consulta previa se desprende que se va a cobrar un depósito en el momento de la compra del producto envasado, que será recuperado por el consumidor cuando se devuelva el envase. Esto generaría un incremento de coste de los productos envasados que se debería trasladar al consumidor.
Cabe considerar que los distribuidores de envases no son gestores de residuos y que, por ello, en muchos casos, carecen de espacio en sus establecimientos para poder almacenar los residuos hasta la recogida, al igual que carecen de personal que pueda cometer las funciones que tendrían que llevarse a cabo para la implantación de la prueba piloto de este sistema.
“Siempre hemos defendido que la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases debería llevarse a cabo en lugares públicos y no en establecimientos distribuidores de envases, ya que el objeto de estos no es el de ser gestores de residuos”, ha expresado CAEB, y ha añadido: “Desde el punto de vista sanitario no consideramos que almacenar residuos de envases junto con la venta de productos de alimentación sea conveniente, justo en un momento donde por motivos de pandemia se necesita una asepsia absoluta”.
Siendo consciente de que el objeto de los distribuidores de envases no es el de ser gestores de residuos consideramos inapropiado que se establezcan sanciones desde 9.001 euros hasta los 300.000 euros en el caso de oponerse a realizar la prueba piloto.
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