Actualizado el 23/01/2020 12:31 Compartir
“El modelo 720 entró en vigor en enero de 2013 y lo hizo con un claro mensaje: no cumplimentar de forma correcta el formulario podría acarrear graves problemas para los declarantes. No en vano, el régimen sancionador recoge que la Agencia Tributaria podrá penalizar con el 150% de la cantidad no declarado”, explica Yannick Charton, socio fundador de la consultora Valio Consulting.
En la declaración, todo contribuyente que posea bienes y derechos en el extranjero deberá proporcionar a la Administración información sobre: cuentas en entidades bancarias o crediticias en el extranjero de las que se ostente la titularidad o se conste como autorizado; información sobre valores, derechos, seguros, acciones y títulos representativos del capital o fondos propios de cualquier clase de entidad jurídica; préstamos, gestionados u obtenidos en el extranjero; e información sobre la propiedad de bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.
“Contar con un buen asesor fiscal conocedor de la normativa tanto nacional como internacional es una garantía para evitar sanciones severas como las que acarrea el modelo 720 si se cumplimenta erróneamente o fuera de plazo”, asegura Charton.
El 71% de las sanciones, por presentar la declaración fuera de plazo
Desde su implantación, la medida ha causado una gran polémica, principalmente, por los plazos de presentación del formulario. El 71% de los expedientes finalizados con sanción hasta la fecha han tenido relación con la presentación fuera del plazo del modelo 720. Por ello, es recomendable contar con el asesoramiento de un profesional para evitar recibir sanciones indeseadas.
“Muchos de los expedientes que han finalizado con penalizaciones económicas han acabado en los tribunales económicos administrativos y, algunos, hasta en los tribunales ordinarios, lo que ha levantado el interés por el modelo 720 de la Comisión Europea, que en 2017 ya apercibió al gobierno español al considerar desproporcionado su régimen sancionador”, asegura Charton.
Por ello, el modelo 720 es un arma de doble filo: la medida posibilita a la Agencia Tributaria conocer que hay más de 156.000 millones de euros en bienes y derechos propiedad de contribuyentes españoles, pero la fórmula de declararlos y los expedientes que se han abierto tras su entrada en vigor puede costarle caro a la administración, ya que Bruselas tiene decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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