El Govern inicia la redacción de la ley de movilidad sostenible, que potenciará el transporte público

El conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, ha dado cuenta este viernes al Consell de Govern del inicio del procedimiento de elaboración del Anteproyecto de ley de movilidad sostenible de las Illes Balears.

El Anteproyecto pretende regular la gestión de la movilidad de personas y bienes en las Illes Balears, apostando, a través de las competencias propias, para avanzar hacia la movilidad sostenible siguiendo los criterios y los objetivos adoptados en el marco de la Unión Europea y de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de Naciones Unidas, con un fuerte impulso de los modos de movilidad colectivos y no motorizados, vinculados a políticas de mejora de la calidad ambiental y atmosférica en las zonas urbanas y periurbanas de las islas.

Con esta futura norma se pretende avanzar hacia un nuevo modelo de movilidad sostenible que reduzca el elevado peso del coche privado en los desplazamientos de la ciudadanía, facilite y agilice la mejora de las actuales redes de transporte público y amplíe las futuras, a la vez que se permita mejorar la calidad ambiental y de vida, especialmente en las zonas urbanas, de las Illes Balears.

La ley permitirá ampliar las herramientas y regulaciones vinculadas a las políticas de movilidad, en vista de la necesidad de apostar por un cambio de modelo en la movilidad en las islas. También incorporará nuevas medidas que permitan acelerar el proceso de cambio del modelo de movilidad para acercarlo al de los países más avanzados en estas políticas.

Los principales objetivos de la futura ley de movilidad sostenible son los siguientes:

— El impulso a los planes de movilidad urbana sostenible y el establecimiento de nuevos órganos de coordinación interadministrativa y de fomento de la participación ciudadana y de los agentes sociales y económicos en la movilidad sostenible.

— El fomento del transporte público y colectivo. La norma establecerá los mecanismos no tan solo para mejorar la gestión y el servicio de los sistemas de transporte actuales, sino también para facilitar y agilizar la implantación de los futuros; es decir, la construcción de todos los elementos que conforman un sistema de transporte, como por ejemplo estaciones, paradas, carriles bus, carriles VAO...., de forma que sea más sencilla administrativamente su implantación.
Como muestra de lo anterior, será importante esta regulación para facilitar la implantación del tranvía.

— Fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, tanto desde el punto de vista de infraestructuras como de incentivos laborales o educativos. Por ejemplo, en algunos países hay la posibilidad de incluir en los sueldos incentivos para los trabajadores que vayan a su lugar de trabajo en bicicleta o a pie. Se facilitará también la implantación de aparcamientos de bicicletas asociadas a estaciones y paradas de transporte público o en los lugares de trabajo, y equipamientos públicos o residenciales, incentivos a la implantación de caminos escolares u otras medidas para incentivar el uso de la bicicleta como sistema de desplazamiento habitual en entornos escolares y laborales.

Se plantearán también herramientas de coordinación interadministrativa para construir carriles bici que recorran más de un municipio, por ejemplo.

— Se establecerán herramientas de regulación de los accesos a los centros urbanos y espacios sensibles. La ley establecerá cómo se tendrían que introducir posibles limitaciones al acceso de vehículos a los centros urbanos o espacios protegidos en el momento en que así lo decide el ayuntamiento correspondiente o la institución competente. Debe remarcarse que la ley no establecerá una obligación, pero sí que fijará el marco normativo para llevar a cabo este tipo de medidas.
En este punto, también se definirá la red de aparcamientos disuasorios, que han de ser elementos clave para reducir la presión de los vehículos en los centros urbanos o espacios sensibles.

— La ley regulará también herramientas de financiación y medidas fiscales destinadas a desarrollar las políticas de movilidad sostenible. Así, se facilitará la creación de sistemas tarifarios integrados y acuerdos de cooperación entre diferentes administraciones en materia de tarifas de transporte público.

También, sistemas de subvención y ayudas a entidades públicas y privadas que quieran fomentar la movilidad sostenible.

En cuanto a las medidas fiscales, el objetivo no es fijar impuestos ligados a la movilidad, sino más bien identificar fuentes de financiación impositiva ya existentes y destinar el producto de estas a potenciar el transporte; por ejemplo, el IBI que pagan los aparcamientos o parte del impuesto de turismo sostenible.

Sin embargo, ahora se inicia el camino para elaborar esta norma. El objetivo es que esta ley sea participada y, por lo tanto, el primer paso será abrir un proceso participativo abierto al conjunto de la ciudadanía. De este modo, se podrán incorporar otras fórmulas para llegar a los objetivos fijados.