El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad a ejercer las competencias para satisfacer las indemnizaciones, por un importe de 17.079.598 €, que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha sido condenada a pagar por cuatro sentencias firmes de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.
Concretamente, se trata de las sentencias 271/2016, 273/2016, 270/2016 y 269/2016, dictadas como consecuencia de la desclasificación urbanística de terrenos a raíz de la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears. Las sentencias fallan contra las peticiones de desestimación presunta de las solicitudes de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios producidos por la clasificación como suelo rústico protegido de terrenos situados en Roca Llisa, en el término municipal de Santa Eulària des Riu.
El pago se realizará a cargo del presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2018.
