Actualizado el 11/02/2025 15:04 Compartir
La Asociación asegura que quien sale perdiendo es el consumidor, ya que desaparecen la garantías que proporcionaba dicha ordenación en cuanto a cantidades entregadas a cuenta, calificación del agente profesional y el modo de proceder en las transacciones.
Un segundo punto que añade la asociación es que con la decisión del Gobierno central quien también sale perjudicado es el propio mercado ya que se elimina la transparencia y seguridad jurídica en las operaciones.
Finalmente, ha sido el presidente de la asociación, José Miguel Artieda, quien ha señalado que quien también pierde es el auténtico profesional inmobiliario que trabaja con rigor. “No salimos de la competencia desleal. Hablamos de personas que, sin calificación, ni normas, ni garantías está cada vez más metida en el sector”. Para Artieda el ciudadano también ve incomprensible esta falta de rigor y seguridad “porque de lo que estamos hablando es de la mayor inversión en su vida y que bien merece todas las garantías y profesionalidad”.
Apibaleares asegura que seguirá defendiendo la necesidad de dicho registro en cualquier escenario que se plantee, porque considera que beneficia al sector y al ciudadano, a pesar que la marca API en si misma ya aporta seguridad y confianza desde hace ya setenta y cinco años.
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