Actualizado el 29/12/2018 16:57 Compartir
Francina Armengol i Miquel Ensenyat han firmado en el Consolat de Mar el documento del acuerdo que habilita la fórmula y el calendario por el cual el Govern aportará la cantidad total de los anticipos pendientes al Consell, generada entre 2008 y 2015, en función del cálculo creado en 2014 con la Ley de Financiación de los Consells Insulares.
“Con este acuerdo, damos un nuevo paso en la que ha sido la legislatura de los Consells Insulars” ha afirmado Francina Armengol, en el acto protocolario que ha contado con la presencia de la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, y del conseller insular de Economía y Hacienda, Cosme Bonet.
El acuerdo prevé el calendario de pago del saldo pendiente a favor del Consell de Mallorca, de 99 millones de euros –en concreto 98.898.950 euros-, que provienen de la cantidad total de 123,89 millones de euros, de la cual ya se abonaron 25 millones. Así mismo, el acuerdo incluye el pago de la primera anualidad de 10 millones de euros y prevé otras 15 anualidades, hasta el año 2033.
Previamente el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca ya había dado el visto bueno al convenio, que representa el primer paso para dar respuesta a una situación que no quedó resuelta en la Ley de financiación de 2014.
La presidenta del Govern ha valorado el acuerdo que permite lograr "uno de los objetivos de esta legislatura: potenciar el federalismo interior y acercar la gestión a cada una de las islas. Acercar, en definitiva, las decisiones y los recursos a los ciudadanos y ciudadanas”. Armengol se ha referido al “hecho importantísimo que permite resolver el tema de los anticipos que hacía 10 años que no se cerraba, entre el Govern y el Consell de Mallorca”.
El acuerdo prevé la aportación de 10 millones de euros del Gobierno al Consell como la primera anualidad de las 15 previstas. El calendario de pagos será flexible, con la posibilidad abierta de avanzar estos pagos sobre los plazos o cuantías fijadas inicialmente. El Consejo Ejecutivo ha considerado que esta flexibilidad y la fijación de unos pagos anuales son un compromiso de mínimos a partir del cual el pago de los anticipos queda resuelto.
La fórmula empleada en el acuerdo entre Gobierno y Consejo de Mallorca ya contó con el visto y aprobado de todos los Consells Insulars, a partir de la firma el Acuerdo de Raixa, de 13 de diciembre de 2017. Aquel acuerdo de consenso reconoció, de hecho y por primera vez, que el Govern mantenía una deuda con los Consells Insulars, y al mismo tiempo manifestaba la voluntad de resolverlo. Además también facultó a la Consellería de Hacienda para poder fijar un calendario y una mecánica de pago a través de procesos negociados con los Consells de Mallorca, de Menorca y de Ibiza.
En consecuencia, la Ley de presupuestos generales de la Comunidad de 2018 ya previó, mediante la disposición adicional doceava, un sistema de liquidación de los anticipos de la financiación definitiva de los consells que, a partir de la liquidación dictada por la consellera de Hacienda y Administraciones, fuera objeto de acuerdo entre la Administración de la CAIB y el consell respectivo.
Francina Armengol, en su intervención posterior a la firma, ha ponderado “el clima de lealtad institucional que hemos logrado, que no existía en el pasado. Desde el respeto a las posiciones de cada institución pero con un espíritu de colaboración continuo".
El presidente del Consell Insular de Mallorca, Miquel Ensenyat ha tildado el acuerdo “de histórico, fruto de la colaboración y lealtad institucional. Con este reconocimiento de la deuda por parte del Govern y con el inicio de los pagos acabamos con una situación que ha perdurado demasiado en el tiempo. Era una demanda justa e histórica del Consell de Mallorca. Con el acuerdo que hoy hemos logrado queda demostrado que la voluntad política ha sido la base para dar respuesta a una demanda que nadie antes había querido resolver. Se trata de un acuerdo que atiende a la realidad insular de Mallorca”.
El conseller de Economía y Hacienda, Cosme Bonet, ha asegurado que “es un acuerdo positivo para la institución en cuanto que resuelve un tema pendiente e incierto desde hace diez años, aporta financiación ya para la primera anualidad, y permite mantener abierta la negociación de las anualidades a aplicar, en función de la situación financiera y presupuestaria del Govern”.
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