Mar Blava pide al Gobierno de Sánchez coherencia política en relación a la exploración y explotación de hidrocarburos

Alianza Mar Blava, en rueda de prensa celebrada esta mañana en Palma con la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear, ha hecho varias peticiones al Gobierno de Pedro Sánchez en relación a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo.

En primer lugar, que el Gobierno español no trate de vetar la tramitación en el Congreso de los Diputados de la “Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales”, enviada el pasado mes de octubre por el Parlament balear, donde fue aprobada por unanimidad. Esta Proposición de Ley debe ser tramitada en las Cortes Generales por versar sobre una materia que es competencia del Estado.

Esta Proposición de Ley fue impulsada en 2017 por la Alianza Mar Blava por encargo de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca y entregada al Parlament balear, donde en abril de ese año obtuvo un respaldo unánime de todos los partidos y, acto seguido, fue enviada al Congreso de los Diputados para su tramitación. Sin embargo, el Gobierno Rajoy emitió un veto a su tramitación basado en un informe anónimo del Ministerio de Energía plagado de argumentos falsos, sin validez jurídica alguna. Partido Popular y Ciudadanos, que juntos tienen mayoría en la Mesa del Congreso, respaldaron ese veto y la iniciativa no pudo seguir su recorrido parlamentario. El PSOE y Unidos Podemos, también con representantes en la Mesa del Congreso, respaldaron, infructuosamente, que se tramitara.

En 2018, el Parlament balear ha aprobado por unanimidad, por segunda vez, la citada Proposición de Ley, para su tramitación en las Cortes Generales. El pasado 2 de noviembre, la Mesa del Congreso de los Diputados dio traslado de la misma al Gobierno central, el cual tiene un mes desde esa fecha para decidir si ejerce su derecho de veto a la tramitación de esta iniciativa. No obstante, el Gobierno central sólo podría tratar de vetarla si esta Proposición de Ley tuviera realmente una repercusión presupuestaria significativa en los Presupuestos Generales del Estado en vigor, lo que no es el caso, como demuestra el análisis jurídico de su articulado. El conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha
manifestado que espera que “la unanimidad que se ha constatado en el Parlamento balear se mantenga también en el Congreso”. En segundo lugar, Alianza Mar Blava ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, que no autorice la prórroga de 10 años solicitada por Repsol para la concesión de explotación de hidrocarburos denominado “Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, la cual caduca el 27 de diciembre de 2018 (Real Decreto 237/2009).

La concesión de ese tipo de prórrogas es meramente potestativo: el Gobierno central no tiene ninguna obligación legal de concederlas. Por ello, el coordinador de Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, considera que “conceder esa prórroga sería tremendamente incoherente por parte del MITECO, el cual ha expresado en repetidas ocasiones la voluntad del Gobierno socialista encabezado por Pedro Sánchez de prohibir las actividades de explotación y explotación de hidrocarburos en el mar”.

Además, Alianza Mar Blava exige al Gobierno central que cumpla con lo determinado por el Tribunal de Justicia Europeo el cual, en diversas sentencias emitidas desde 1998, ha establecido claramente que este tipo de procedimiento debe someterse a la obligación de evaluación ambiental que impone la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual es igualmente aplicable a los controles establecidos por la Directiva marco de protección del medio marino. Hasta ahora estas prórrogas se han venido otorgando por la Administración sin que se realizase ningún control ambiental al respecto. Esta práctica es contraria al Derecho de la Unión Europea y resulta especialmente grave cuando se trata de prórrogas de autorizaciones que se otorgaron sin tener ningún control ambiental. La necesidad de dicho control ha sido aclarada por la jurisprudencia europea.

En tercer lugar, Alianza Mar Blava, plataforma intersectorial compuesta por más de 120 entidades de la sociedad civil, del sector privado y de la Administración pública, pide al MITECO una nueva y coherente redacción del articulado relativo a las autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos del recientemente presentado Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. A ese respecto, la Alianza ha enviado al MITECO un escrito de alegaciones para mejorar la insuficiente redacción actual.

Para esta plataforma, la redacción de dicho articulado es manifiestamente mejorable, ya que si bien plantea que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, en relación al ámbito territorial, el Anteproyecto no incluye esa prohibición a todo el territorio marino en el que el Estado español ejerce competencias (incluida la Zona Económica Exclusiva), sino que lo limita sólo a las aguas territoriales (12 millas)

Además, permite que estén activos hasta el 2040 los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes que se encuentren ubicados en el mar territorial.

En opinión de la Alianza Mar Blava, la actual redacción del articulado del citado Anteproyecto no resulta en absoluto coherente con la supuesta voluntad del Gobierno central y del MITECO de apostar por una urgente y profunda descarbonización de nuestro sistema energético, para lo cual es necesario abandonar lo más rápidamente posible nuestra dependencia de los combustibles fósiles.