El PSIB niega que la disposición de la Ley de Urbanismo que afecta a una urbanización de Matutes sea 'a la carta'

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Bel Oliver, ha negado este lunes que la disposición adicional de la nueva Ley de Urbanismo que afecta a una urbanización de la familia Matutes en Sant Josep de la Talaia sea una normativa "a la carta".

Así lo ha señalado la diputada en una rueda de prensa en el Parlament, preguntada por las críticas del GOB a esta disposición y después de que MÉS y Podemos hayan anunciado que no la apoyarían.

El diputado socialista Damià Borràs ha explicado que esta disposición se ha introducido a petición del Ayuntamiento de Sant Josep y que permitirá --pero no obligará-- al consistorio convertir en urbanos unos terrenos edificados en un 90 por ciento, para poder "ordenar de forma definitiva esta zona".

"No es que se permita, es que existe y está más de un 90 por ciento construido", ha argumentado Borràs, que si bien ha admitido que "igual no se tendría que haber hecho" ha añadido que "nadie planteará el derribo de toda esta zona de Sant Josep". "Se puede mantener fuera de ordenación pero las csas y hoteles existen, están en funcionamiento desde hace muchos años", ha añadido.

El diputado ha insistido en que la disposición ha sido introducida "a petición del Ayuntamiento de Sant Josep" ya que le permitirá recibir compensaciones económicas "que en otro caso no puede tener".

Sobre las acusaciones de favorecer a la familia Matutes, Borràs ha recordado que existen "otros muchos ciudadanos ibicencos que tienen propiedades en la zona", si bien "es muy fácil que cualquier decisión en Ibiza favorezca o perjudique a la familia Matutes".

Finalmente, el diputado ha rechazado que el Parlament legisle "en contra de algo porque sea de una determinada persona" y ha advertido a Podemos que tampoco deben "prohibir a la carta" e "ir en contra de un acto porque favorezca a una persona con nombre y apellidos". "Las cosas se deben hacer si entendemos que son justas, no porque puedan favorecer o no a determinadas personas", ha apostillado.

"No es ir a favor o en contra de nadie, es un problema que el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa y se da una solución para que pueda hacer frente a esta situación", ha concluido.

AGILIZAR PLANEAMIENTOS MUNICIPALES

Por su parte, la diputada Bel Oliver ha defendido que la nueva ley será "más sostenible" dará "seguridad jurídica" y que agilizará los planeamientos municipales.

Como ejemplo, Borràs ha indicado que si un ayuntamiento necesitara cambiar el código de un solar para pasar de un equipamiento deportivo a sanitario, la tramitación podría durar cinco o seis meses mientras que ahora es de unos tres años.

Por otro lado, los diputados socialistas han destacado que se endurecen las infracciones en suelo rústico y que la obligación de restitución a la situación inicial no prescribirá (por ejemplo, si en un procedimiento se dicta una orden un derribo, ésta no prescribe nunca). Con todo, esto afectará a las sanciones impuestas posteriormente a la entrada en vigor a la ley.

Según Oliver, todo esto supone un "cambio sustancial" respecto a "las tolerancias de la 'Ley Company'" y marca "un antes y un después". En la misma línea, Borràs ha señalado que derogan "los aspectos más permisivos y perniciosos de la Ley Company para convertirlos en elementos de protección del territorio".

Además, Borràs también ha remarcado que con la actuación que prevé la ley sobre la ciudad construida y ya existente será "más fácil la reconversión de zonas urbanas degradadas" y se podrán "hacer de forma más ágil nuevas viviendas públicas".

Finalmente, el pleno del Parlament también debatirá la modificación de la Ley de Policías Locales, con la que el PSIB quiere dar "más estabilidad a las plantillas de los profesionales", "reducir la interinidad y la precariedad", introducir medidas de igualdad y "apostar por un modelo de policía local de proximidad", según Oliver.