El juez archiva la imputación de Munar y da paso para juzgar a Nadal por el desvío de 60.000 euros a UM

El Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha archivado la imputación de la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar así como de otros 14 investigados por el presunto desvío de 60.000 euros públicos a favor de Unió Mallorquina (UM) y de Minser, una de las principales contratistas de la formación cuando su dirigente histórica estaba al frente de la Institución insular.

Mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Juan Manuel Sobrino ha puesto fin a estas pesquisas y, por el contrario, sí ha decretado que continúe el proceso penal, como paso previo a su enjuiciamiento, contra el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, su exvicesecretaria técnica Eugenia Cañellas y los propietarios de Minser, Juan Carlos Escuer y Gabriel Ribas.

En concreto, el magistrado les imputa un delito de prevaricación, otro continuado de malversación de caudales públicos y un último defraude a la Administración.

El instructor subraya en su resolución que existen indicios suficientes para determinar que todos ellos, de común acuerdo y "guiados por el ánimo de obtener beneficios económicos" en beneficio de la extinta UM, idearon un plan para sustraer "importantes cantidades de fondos públicos de los que tenían poder dedisposición por razón de sus cargos".

Según las investigaciones, Nadal se concertó con los propietarios de Minser para hacerles adjudicatarios de dos encargos por 30.000 euros cada uno a fin de que la empresa contratase a determinadas personas que, o bien desarrollarían sus servicios para UM o bien serían dadas de alta sin realizar labor alguna y cuyo sueldo sería abonado al partido.

De hecho, el juez afirma que existen "numerosas evidencias" de que los dos contratos públicos "eran irreales y en realidad no obedecían a ninguna utilidad pública ni al interés general, principios a los que debe servir y atender la Administración Pública". En realidad, prosigue, ambos expedientes tenían "por única finalidad distraer fondos del Consell, y por ello de carácter público, y desviarlos a los intereses particulares" de la formación 'uemita'.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito el pasado mes de septiembre en que señalaba que no hay indicios suficientes para dirigir acciones penales contra Munar y otros exaltos cargos como el exconseller de Obras Públicas Antoni Pascual, el exdirector insular de Carreteras Gonzalo Aguiar, la exdirigente de UM María José Rodríguez y la exsecretaria de Nadal Antònia Vidal, para quienes el juez también ha sobreseido las actuaciones.

El juez sostiene que, al margen de Nadal, los demás investigados tuvieron papeles "importantes", como en el caso de Eugenia Cañellas, que era la encargada de individualizar, seleccionar y definir a las personas que debían ser contratadas por Minser, cuyos administradores, a cambio, serían retribuidos con futuros expedientes públicos.

Según los fiscales Juan Carrau y Ana Lamas, Cañellas redactó los pliegos de cada uno de los expedientes y fue designada como la persona encargada de velar por el cumplimiento de los respectivos contratos, cuyo objeto supuestamente ficticio era la realización de un informe sobre señales de tráfico en las carreteras de Mallorca y otro sobre los hábitos de lectura entre los jóvenes. Por su parte, Antoni Salom se habría encargado de firmar los documentos necesarios para poder llevarse a cabo la contratación.

Por su parte, Ribas y Escuer, quienes fueron detenidos en mayo de 2012 a raíz de estos hechos y permanecieron un mes en prisión sin fianza, colaboraron de este modo "en la financiación de UM", tal y como postula la Fiscalía, y ello con su participación en los dos expedientes a través de empresas que pertenecían al mismo grupo, conculcando así la libre concurrencia al proceso.

FONDOS DESTINADOS A LA PROPAGANDA ELECTORAL DE UM

La acusación pública recalca en este contexto cómo los fondos fueron dirigidos "exclusivamente" a actividades de publicidad o propaganda electoral de UM. "Los dos expedientes carecen de utilidad pública y su única finalidad era sustraer fondos públicos insulares y destinar su importe a la contratación de personas que, en definitiva, prestarían sus servicios en la sede de UM o cuyo salario sería abonado al partido por no desarrollar trabajo alguno", abunda.

Es más, subrayan los fiscales que, además de beneficiar económicamente a la formación regionalista, "suponía un beneficio particular de los intervinientes, ya que los investigados veían reforzada su posición en el partido".

Cabe recordar que el pasado 18 de febrero, Munar fue excarcelada del centro penitenciario de Palma, donde se encuentra ingresada desde el 24 de julio de 2013 con dos condenas por corrupción que suman once años y medio de cárcel, para prestar declaración por estos hechos y, en su comparecencia, se desvinculó de la tramitación de los expedientes investigados.

De forma paralela, la expresidenta 'uemita' fue juzgada recientemente por el soborno de cuatro millones de euros que tanto ella como otros dos exaltos cargos públicos de UM recibieron de la promotora Sacresa a cambio de serle adjudicados los terrenos palmesanos de Can Domenge.

Asimismo, tanto Escuer como Rivas ya fueron arrestados en febrero de 2010 en el marco de otra causa de presunta corrupción, el caso Voltor, por un presunto desvío de fondos desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a Minser mediante subvenciones y contratos ilegales.

DISOLUCIÓN DE UM

El estallido del caso Voltor llevó al entonces presidente del Govern, Francesc Antich (PSIB), en medio de una crisis sin precedentes en el Ejecutivo balear, a expulsar a todos los cargos ejecutivos de UM de las principales instituciones de las islas. Se rompía así el pacto de gobernabilidad firmado con la formación 'uemita' en 2007.

Un año después, en febrero de 2011, el partido regionalista se disolvió acuciado por los numerosos casos de corrupción que pesaban a sus espaldas.