El primer juicio contra los Ruiz-Mateos en Palma, fijado en febrero por estafa en la compra de dos hoteles

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha fijado entre el 20 y el 28 del próximo mes de febrero uno de los juicios pendientes en Palma contra los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos, en este caso por adquirir de forma presuntamente fraudulenta, por 11,6 millones de euros, acciones de los hoteles Beverly Playa y Beverly Park.

Será la primera vez que los descendientes del fundador de Nueva Rumasa, investigados en varias causas instruidas en las islas, se sienten en el banquillo en la capital balear. Una de las partes ha solicitado la suspensión de la vista oral para esas fechas al coincidirle con otro juicio previamente señalado, si bien el tribunal aún no se ha pronunciado al respecto.

La Fiscalía Anticorrupción, que también dirigía sus acciones penales por estos hechos contra el patriarca de la familia Ruiz-Mateos -fallecido en septiembre de 2015-, reclama siete años de cárcel para cada uno de los acusados -Zoilo, Javier, José María, Alfonso, Pablo y Álvaro Ruiz-Mateos- por un delito de estafa agravada y otro de insolvencia punible así como el pago de multas que ascienden a un total de 121.500 euros.

En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene cómo el empresario jerezano y sus hijos, como directivos todos ellos de Nueva Rumasa, aparentaron una solvencia inexistente para lograr que los vendedores de los acciones -Inversiones Insulares Radó- les traspasaran su participación en las sociedades encargadas de los mismos -Estancia Hotelera S.A. y Maspalomas Hoteles S.A.- con un aplazamiento de más del 80 por ciento (9,4 millones de euros) del precio.

Para ello, presentaron garantías y avales personales inveraces que los vendedores dieron por buenos.

Sin embargo, el fiscal Juan Carrau asevera que los compradores "jamás tuvieron intención de pagar el precio" estipulado, hipotecando el mismo día y al siguiente los inmuebles para hacer inviable cualquier acción recuperatoria de los establecimientos y haciendo desaparecer los fondos obtenidos sin efectuar el pago del precio convenido.

En concreto, para generar, según la acusación pública, una imagen "de solvencia, éxito profesional y alta capacidad económica", los inculpados ofrecieron -como garantía del pago del precio aplazado- un aval solidario propio así como de las empresas aparentemente más rentables y viables del grupo: Dhul, Clesa y Carcesa -responsables civiles en la causa junto a otras mercantiles intervinientes en los hechos-.

TESTAFERRO EN BÚSQUEDA Y CAPTURA

Los dueños del 'holding' de la abeja se valieron para ello del testaferro profesional Juan Antonio Povedano, quien se encuentra desaparecido y en búsqueda y captura, además de utilizar una sociedad pantalla (Wersdale Trade España S.L.) sin actividad, establecimiento permanente, sede ni oficinas.

La Fiscalía señala que meses después, el 30 de diciembre de 2008, se formalizó la compraventa de la totalidad de acciones a favor de los acusados por un precio total de 75,8 millones de euros (11,6 millones más 64,1), de los que consiguieron aplazar un 80,8 por ciento. Tras ello, se otorgaron dos escrituras públicas de compraventa, una por parte de la familia Radó y la otra por el resto de socios.

Los acusados constituyeron de inmediato varias hipotecas sobre los inmuebles, lo que junto a los fondos provenientes de diversos préstamos fueron utilizados para fines ajenos a la actividad hotelera o al pago del precio aplazado "y en su exclusivo beneficio, evidenciando que nunca pretendieron efectuar el pago del precio de la compra", tal y como relata Carrau. Los encausados sólo atendieron los vencimientos durante un año y cuatro meses, mientras que desde abril de 2010 no han pagado suma alguna.

81 MILLONES DE EUROS QUE NO SE HAN DESTINADO A LOS HOTELES

Según el fiscal, todos ellos han recibido, utilizando como garantía los hoteles vendidos y cuyo precio no ha sido abonado, una suma cercana a los 81 millones de euros que no ha sido destinada ni a la actividad de los establecimientos ni a pagar el coste de la compra de los mismos.

En el marco de esta causa, el juez instructor, Enrique Morell, decretó en enero de 2012, a petición del Ministerio Fiscal, la prohibición a Ruiz-Mateos de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente 'apud acta' ante el Juzgado.

Esta causa es tan sólo de uno de los tres procesos judiciales en los que los Ruiz-Mateos se encuentran bajo el punto de mira en Baleares. De hecho, la Fiscalía pide otros seis años de cárcel para los hijos de Ruiz-Mateos a raíz de la estafa de 13,93 millones de euros en la operación de compraventa del Hotel Eurocalas, en Calas de Mallorca.

Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma investiga otro delito de presunta estafa por valor de unos 12 millones de euros en la compra de la totalidad de las acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental -propietaria del hotel Samoa, situado en Calas de Mallorca- a la familia Hoz.