El Ayuntamiento de Palma mantendrá el catalán como requisito para el 19,25% de la plantilla municipal

El Ayuntamiento de Palma se adaptará este mes de julio a la ley autonómica 9/2012 sobre conocimiento de la lengua catalana dentro de la Administración, por lo que se mantendrá el requisito de exigir el correspondiente nivel de catalán al 19,25% de la plantilla municipal.

La teniente de alcalde de Función Pública y Gobierno Interior, Irene San Gil, ha informado este viernes a los representantes sindicales de los trabajadores municipales sobre la necesidad de dar cumplimiento a la ley autonómica, de obligada aplicación en el conjunto de las Administraciones de las Islas, antes de la finalización del mes de julio, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En este sentido, cabe tener en cuenta que la disposición adicional 12 de ley autonómica elimina con carácter general el requisito de conocimiento de catalán para acceder a la condición de empleado público de todas las administraciones de las Islas Baleares y lo mantiene como mérito.

No obstante, dicha ley prevé tres excepciones para la ocupación de puestos relativos a asesoramiento lingüístico, los referentes a información, atención y recepción al público, y aquellos en los que, por las características especiales de sus funciones, sea imprescindible el conocimiento de un determinado nivel de catalán.

La actual normativa prevé el nivel de catalán B2 para los puestos de trabajo de titulación A1, A2, C1 y C2 (licenciados, diplomados, administrativos y auxiliares) y el nivel A2 para los del grupo AP (ordenanzas y otros).

El Ayuntamiento de Palma, consciente de ser la Administración más cercana al ciudadano, ha decido mantener el requisito de conocimiento de catalán en todos los puestos que tengan una relación con el ciudadano. Así, sobre un total de 2.879 puestos de trabajo, se mantendrá el requisito de catalán en un 19,25% de la plantilla.

Estos puestos que requieren el correspondiente nivel de catalán corresponden al personal de la alcaldía, exceptuando el parque móvil, gabinete de prensa, personal de Secretaria de Pleno y de Junta de Gobierno.

Asimismo, la Oficina del Defensor del Ciudadano, el personal de las OAC, Técnico de Calidad, personal Subalterno, Mayordomo y Submayordomo, Notificadores, auxiliares de Inspección Patronal, departamento Tributario --salvo Jefe de Departamento y sección de recaudación--, sección de Información Urbanística, OMIC y personal administrativo de CSM Son Reus, son otros de los puestos a los que se les requerirá el conocimiento de catalán.

También se reclamará esta condición de conocimiento del catalán a los Educadores, Psicólogos, Trabajadores Familiares y Trabajadores Sociales de los Servicios de Bienestar Social y Educación, Familia y Mayores, personal del Archivo Municipal, Policía Local, Policía Judicial, 092, UVAC (Atestados), SEGA y SEGI (recepción de ciudadanos y vigilancia de instalaciones), Bomberos, Telefonista/Recepcionista, y a los Operadores de emergencias.

Con todo, Cort no descarta en el futuro extender la condición del catalán como requisito a otros puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Palma siempre y cuando se considere que así lo requieren las funciones de estos empleados públicos.

MORATORIA DE DOS AÑOS

San Gil ha explicado a los representantes sindicales que, para garantizar el puestos de trabajo a aquellas personas que no puedan acreditar el nivel de catalán si el puesto lo requiere, se fijará una moratoria de 2 años para conseguir el nivel de catalán para los que no lo tengan y se establecerá en todas las convocatorias de provisión de puestos con requerimiento de catalán la realización de una prueba previa para que los que no lo cumplan lo puedan obtener.

La teniente de alcalde de Función Pública tiene previsto mantener una nueva reunión con los sindicatos el próximo martes, día 30.

Así, la aplicación de esta medida, que será propuesta en la próxima reunión de Junta de Gobierno, obedece al hecho que esta ley, desde el momento de su entrada en vigor, marcaba un plazo de 1 año para adaptarse a la misma mediante la modificación de la relación de puestos de trabajo, por lo que el periodo de tiempo finaliza este mes de julio.

"Con ello se garantizará la libertad lingüística de manera que el ciudadano podrá dirigirse por escrito y verbalmente en cualquiera de las dos lenguas cooficiales con total libertad", ha remarcado San Gil.