La Audiencia aplaza la vista de la pieza 15 del 'caso Voltor' para que se pueda alcanzar un acuerdo con Fiscalía

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha acordado esta mañana aplazar la vista previa de la pieza número 15 del conocido como 'caso Voltor' para dar tiempo a las partes a alcanzar un acuerdo de conformidad que evitará la celebración del juicio.

En la vista convocada para este lunes, la Fiscalía ha informado al Tribunal de que se está ultimando un acuerdo para llegar a una conformidad, pero no ha habido "tiempo material" para poder cerrarlo.

Por ello, la acusación pública ha solicitado la suspensión del acto y que se señale otra fecha para poder presentar un escrito de conformidad. Dado que ninguna de las defensas se ha opuesto, el Tribunal ha accedido y se celebrará una nueva vista el 11 de octubre a las 09.30 horas.

En esta piezam el ex conseller de Turismo, Francesc Buils (Unió Mallorquina), se enfrenta a un total de seis años de cárcel, mientras que el ex gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Antoni Oliver, se enfrenta a otros seis años de cárcel y el ex alcalde de Porreres, Bernat Bauzà, se enfrenta a una pena de nueve años de cárcel, según el escrito de acusación de la Fiscalía. Con todo, estas penas podrían verse rebajadas si se llega al mencionado acuerdo de conformidad.

En concreto, se les imputan los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Además, se les pide una indemnización solidaria para la Conselleria de Turismo de 379.200 euros.

Tal como recoge el escrito del Ministerio Fiscal, esta pieza separada versa sobre si Buils y Oliver beneficiaron con fondos públicos autonómicos a Bauzá, compañero de partido.

Según se explica, Buils y Bauzá firmaron un convenio de colaboración entre el Inestur y la Fundación Auditorio de Porreres con el objetivo de desarrollar un proyecto de artes escénicas. Bauzá habría utilizado parte de los fondos transferidos a tal efecto para "beneficiarse personalmente" en lugar de aplicarlos al convenio.

Por su parte, la Fiscalía mantiene que Buils y Oliver posibilitaron la entrega de fondos públicos y prescindieron "de forma absoluta" de "cualquier control o supervisión" sobre el destino de los fondos porque "sabían que beneficiaban a Bauzá".