El fiscal pide 58 años de cárcel y una multa de 1,89 millones de euros para un grupo que traficaba con cocaína en Ibiza

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este miércoles a siete personas por tráfico de drogas, principalmente cocaína, en la isla de Ibiza, hechos por los que la Fiscalía pide penas que suman 58 años de cárcel y multas por un valor total de 1,89 millones de euros.

La Fiscalía acusa a cinco de estas personas de formar parte de una organización criminal dedicado al tráfico de sustancias y acusa a otras dos como suministradores ocasionales de la droga.

La Fiscalía sostiene que este grupo se dedicó durante los años 2016 y 2017 a la venta de drogas "funcionando como una estructura perfectamente organizada" con la "finalidad exclusiva" de lucrarse con el tráfico de sustancias estupefacientes.

La agrupación estaba dirigida por uno de los acusados, mientras que otro se encargaba de las tareas cuando el primero viajaba a Colombia. En el siguiente escalón jerárquico, otro de los acusados distribuía la sustancia en Ibiza a los vendedores finales, los otros dos enjuiciados.

La agrupación tenía su sede en un domicilio de Santa Eulària del Riu alquilada a nombre del cabecilla. En esta vivienda residieron tanto él como su mano derecha.

En agosto de 2017 la Policía Nacional practicó varios registros en los que encontró cocaína, ketamina, MDMA y cannabis. También hallaron sustancias comúnmente utilizadas para adulterar la cocaína, como cafeína, fenacetina o tetracaína. En una de las viviendas localizaron un armario con candado que contenía bolsas con droga en su interior para venta a terceras personas.

Los cinco miembros de la organización son todos hombres, tres de ellos nacidos en Colombia, otro marroquí y un español. Ninguno tenía antecedentes penales pero uno se encuentra en situación ilegal en España. Para este último, el fiscal solicita que cuando alcance el tercer grado sea expulsado del territorio nacional y se le prohíba la entrada durante diez años.

Por otro lado, la Fiscalía acusa a otras dos personas, un hombre y una mujer, por introducir la droga en España para suministrar al grupo. El hombre contrató a la mujer para entregar la droga pero fue interceptada por el Grupo de Estupefacientes de la Udyco en Palma cuando llegaba en avión desde Madrid.