Castro abre paso para juzgar a Matas por la contratación 'a dedo' de los arquitectos del Palma Arena

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha dictado un auto con el que abre paso para que el expresidente del Govern Jaume Matas se siente de nuevo en el banquillo de los acusados, en esta ocasión en el marco de la pieza nueve de la causa, por auspiciar la contratación 'a dedo' de los arquitectos que se encargaron de dirigir las obras de construcción del velódromo palmesano y quienes acabaron percibiendo unos honorarios de unos nueve millones de euros por hacerse cargo del considerado proyecto estrella de la última legislatura de Matas (2003-2007).

El magistrado llega a calificar de "aberración jurídica" la contratación de los arquitectos Jaime y Luis-García Ruiz, e incide en que ésta "carece de todo soporte administrativo".

Castro también ha acordado que continúe el proceso penal, por estos mismos hechos, contra el exdirector general de Deportes y medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester. Sobre ambos imputados pesan delitos de fraude a la administración y falsedad en documento oficial.

Tras poner fin a la instrucción de estas investigaciones, el juez ha dado diez días de plazo a la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y el PP balear para presentar su escrito de acusación, concretar las penas que solicitan para ambos e instar la apertura de juicio por estos hechos o, por el contrario, pedir el archivo de las pesquisas.

Los propios arquitectos declararon en su día que fue el propio Matas quien les llamó personalmente para dirigir los trabajos de construcción.

Para ello, el expresidente rescindió el contrato al arquitecto inicial de las obras, Ralph Schürmann, a quien ambos hermanos atribuyeron las causas que motivaron el sobrecoste del velódromo, cuyas obras, presupuestadas inicialmente en unos 48 millones de euros, pasaron a costar cerca de los 110 millones.

En su auto, Castro recuerda cómo la contratación de Schürmann se produjo "sin sujeción a procedimiento alguno de contratación administrativa", al igual que los García-Ruiz "fueron 'de facto' impuestamente contratados desde el inicio como arquitectos", tal y como se desprende, abunda, del hecho de que en noviembre de 2004 uno de ellos recibió una llamada de Matas, "con quien mantenía fluidas relaciones tanto como para haber asistido a la boda de su sobrino".

El magistrado hace hincapié en que el procedimiento fue tramitado como un negociado sin publicidad "con carácter de urgencia", y en el mismo se autorizó a ambos hermanos a contratar al arquitecto que debía proyectar la pista e invertir en gastos de gestión y publicidad por 3,2 millones de euros, "sin que conste presupuesto alguno relativo a estos conceptos ni documento que avale que estas cantidades se corresponden realmente con dichos gastos".

Para Castro, resulta "totalmente irregular" que sean los arquitectos los encargados de contratar y abonar los gastos de ingeniería y la construcción de la pista, "mereciendo dicho contrato el calificativo de aberración jurídica, que incluso los propios hermanos García-Ruiz conceptúan como anormal en su profesión y que absolutamente todos los que han tenido oportunidad de pronunciarse, incluida la Comisión Deontológica del Colegio de Arquitectos, le dedican serias descalificaciones".

El resto del dinero que ha sido objeto de investigación, "nada menos" que 5,2 millones, corresponden a los honorarios de los García-Ruiz por el proyecto, la dirección de obra y los gastos de arquitectura. "Si el contrato es ya de por sí irregular, no digamos de las facturaciones que con ocasión del mismo se emitieron", asevera Castro, quien aclara que éstas centran el foco de otras piezas separadas.

CONFORMIDAD DE LOS GARCÍA-RUIZ EN OTRA PIEZA SEPARADA

Se da la circunstancia de que los García-Ruiz, en el marco de otra pieza, se enfrentan a seis meses de cárcel tras haberse declarado culpables de un delito fiscal al no haber tributado los beneficios supuestamente ilícitos obtenidos de la ejecución de los trabajos.

La defensa de los dos hermanos alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado en la pieza 26 de la causa, uno de los últimos flecos que se abrió dentro del caso con el objetivo de investigar si ambos realizaron una provisión de fondos por valor de 400.000 euros dentro de la contabilidad de su empresa, GR1, para no tributar a Hacienda y enmascarar los beneficios que obtuvieron.

En el auto con el que Castro ya dictó juicio oral contra ambos hermanos por esta pieza, el juez apunta que, valoradas las pruebas practicadas durante la instrucción, sobre los dos acusados pesan "racionales indicios" de haber defraudado a Hacienda, unos hechos "con entidad suficiente para que tengan que enfrentarse a un juicio oral". La vista tendrá lugar en un Juzgado de lo Penal.

DOS CAUSAS EN UNA SEMANA

Las investigaciones apuntaban a que mediante la anterior provisión de fondos, los García-Ruiz se efectuaron en 2007 un autopréstamo dentro de su misma empresa, evitando así declarar al fisco los fondos y maquillando beneficios derivados de las obras del velódromo. Durante la instrucción, los dos negaron haber llevado a cabo falsificaciones contables en su mercantil y que esta cantidad procediese de dinero negro de la construcción.

Mientras tanto, hace una semana Castro también abrió la vía para que Matas y Ballester sean juzgados por otra pieza separada del caso Palma Arena, en ese caso por auspiciar la adjudicación presuntamente irregular de las obras del velódromo palmesano. El magistrado les atribuye la comisión de delitos de fraude a la administración, prevaricación y falsedad en documento oficial.