Munar, citada a declarar el 18 de febrero por la contratación irregular de una de las adjudicatarias de UM

La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar ha sido citada a declarar como imputada, el próximo 18 de febrero, a raíz de la contratación presuntamente irregular de la empresa Minser, una de las principales contratistas de Unió Mallorquina (UM) cuando su dirigente histórica estaba al frente de la Institución insular.

Tal y como consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, Munar deberá comparecer en el Juzgado de Instrucción número 1 a partir de las 11.00 horas. Para ello, el juez ha librado oficio a fin de que la acusada sea ese día excarcelada del centro penitenciario de Palma, donde se encuentra ingresada desde el 24 de julio de 2013 con dos condenas por corrupción que suman once años y medio de cárcel.

Junto a Munar también ha sido citado esa misma jornada el exvicepresidente del Consell y exresponsable insular de Carreteras Antoni Pascual, así como el exdirector insular de este departamento Gonzalo Aguiar, también como investigados. Ya el 19, también se encuentra citada la exmiembro del Consejo Político de UM María José Rodríguez.

El magistrado Juan Manuel Sobrino les ha emplazado a declarar en respuesta a un escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción en el que recoge cómo la exgerente de Emaya Malén Tortella manifestó que, antes de producirse las supuestas irregularidades, se produjo una reunión en la que, además de ella misma, se encontraban Munar, Pascual, Aguiar y Rodríguez, entre otros.

En concreto, el juez, a instancias del Ministerio Público, investiga el supuesto amaño de varios negociados de los que resultó beneficiaria Minser, en 2006, por un importe global de 82.000 euros. Uno de ellos, sobre el que principalmente estarán centrados los interrogatorios, iba dirigido a la realización de un informe sobre señales de tráfico en las carreteras, adjudicado por 30.000 euros.

DETENCIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE MINSER

Se trata de unos hechos por los que en mayo de 2012 fueron detenidos los propietarios de Minser Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas, quienes ingresaron en prisión sin fianza a raíz del supuesto amaño los tres negociados de los que, según Anticorrupción, no hay constancia alguna. Un mes después, los imputados fueron puestos en libertad.

Cabe recordar que durante su declaración ante la magistrada de guardia que decretó su ingreso en la cárcel, Escuer y Rivas, asistidos respectivamente por los abogados Carlos Barceló y Salvador Perera, defendieron que los trabajos para los que resultaron adjudicatarios se llevaron a cabo, por lo que negaron cualquier tipo de irregularidad en su tramitación.

Las defensas de los imputados aportaron asimismo copia de los estudios llevados a cabo con el dinero del Consell para probar la utilidad que se les dio a los pagos.

MINSER, INVESTIGADA TAMBIÉN EN EL CASO VOLTOR

Tanto Escuer como Rivas ya fueron arrestados en febrero de 2010 en el marco de otra causa de presunta corrupción, el caso Voltor, por el que el día 15 se sentarán en el banquillo junto al exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils, el expresidente de UM Miquel Àngel Flaquer y el exgerente del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) Eugenio Losada acusados de delitos de malversación, fraude a la administración, prevaricación y cohecho.

Los hechos que centran las pesquisas son el presunto desvío de un millón de euros en la implantación, por segunda vez, de un sistema tecnológico de información turística que en esa segunda ocasión habría resultado inservible. La adjudicación de los trabajos recayó en Minser.

En el marco de estas investigaciones, los dueños de Minser confesaron que pagaron unos 90.000 euros a Buils y otros 80.000 a Flaquer por la concesión de dos concursos públicos a esa sociedad, algo que los expolíticos de UM negaron de forma tajante.

JUICIOS PENDIENTES CONTRA MUNAR

Mientras tanto, el 22 de febrero Munar se sentará por tercera vez en el banquillo durante el juicio previsto contra un total de 18 acusados de urdir una trama con la que habrían desviado más de 430.000 euros públicos mediante la contratación, con fondos del Consell, de una treintena trabajadores que en realidad se dedicaban a realizar labores particulares y buscar votos en favor de Unió Mallorquina (UM). La Fiscalía reclama ocho años de prisión para la exlíder 'uemita'.

De forma paralela, Munar prevé ser juzgada próximamente por el soborno de cuatro millones de euros que tanto ella como otros dos exaltos cargos públicos de UM habrían recibido de la promotora Sacresa a cambio de serle adjudicados los terrenos palmesanos de Can Domenge. Anticorrupción y el Consell, personado como acusación particular, solicitan cuatro años de cárcel y siete millones de euros de multa para la expolítica, acusada de un delito de cohecho pasivo.