El juez cita a declarar como imputada a Paula Cortés por un desvío de 1,2 millones de euros públicos a favor de UM

El juez Pedro Barceló ha citado a declarar para el próximo 1 de febrero, en calidad de investigada, a la excoordinadora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, Paula Cortés, en el marco del caso Picnic, causa que estalló en 2011 a raíz de un presunto desvío de 1,2 millones de euros del Ayuntamiento a hacer proselitismo y propaganda de la ideología de Unió Mallorquina (UM) mediante la contratación, con fondos públicos, de informadores medioambientales que en realidad se dedicaban a instar al voto a favor de la extinta formación.

Así consta en una providencia, en la que también emplaza a comparecer como encausado, el día 2, el exasesor del mismo departamento Salvador Maimó.

Las pesquisas se centran en averiguar si pudieron cometerse, entre otros, delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación con la contratación, por parte del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof), dependiente del Consistorio, de una veintena de trabajadores que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos, sino que se habrían dedicado a atraer puerta a puerta nuevos simpatizantes para el extinto partido.

El magistrado prosigue así con las indagaciones en torno a estos hechos, tras tomar declaración en los últimos meses a numerosos imputados y testigos. Entre estos últimos se encuentra un jurídico del Ayuntamiento, que manifestó que la contratación de trabajadores medioambientales no fue legal puesto que sus nombres fueron "impuestos" por varios integrantes del partido sin que hubieran sido sometidos a ningún proceso previo de selección.

El testigo señaló que entre los miembros de UM que decidían a quiénes colocar se encontraban la exgerente del Imfof Catalina Payeras, y Eugenia Cañellas, quien fuera secretaria técnica del exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal.

Asimismo, también fue interrogado como imputado el propio Nadal, admitió ante el juez que, de cara a las elecciones municipales de 2007, dio instrucciones para "conseguir amigos y posibles votantes" con el objetivo de lograr la alcaldía de Palma como candidato de UM. Se da la circunstancia de que su comparecencia fue llevada a cabo cuatro años después de que la Fiscalía solicitase su imputación en el marco del caso Picnic, si bien en ella se desvinculó del presunto desvío de 1,2 millones de euros.

Mientras tanto, la exnúmero dos de UM en Palma y exconcejala Cristina Cerdó, también encausada, negó haber ofrecido a una exintegrante del partido un sobre con 60.000 euros, en billetes de 500, a cambio de recabar votos a favor del sector liderado por la propia Cerdó y por Nadal en los procesos internos de UM de 2009 y perjudicar al exconseller de Deportes del Govern Mateu Cañellas. Sobre éste último, subrayó, no obstante, que no tenía poder alguno en el Consistorio cuando se produjo el supuesto desvío de fondos.

REGISTRO DE LA SEDE DE UM

Cabe recordar que durante la operación que dio inicio a esta causa fue registrada la sede de UM en febrero de 2011 en lo que constituyó el primer registro del local de un partido político en la historia democrática de Baleares. También fue ordenado el allanamiento del Imfof y de las oficinas de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

Asimismo, durante esos días, el juez dictó prisión bajo fianza de 300.000 euros para la exnúmero dos de UM en el Ayuntamiento Cristina Cerdó y de 100.000 para Cortés -posteriormente rebajada a 65.000-, mediante un auto en el que aseveraba aseveraba que con la contratación de gente afín a la formación (los informadores medioambientales) el partido "se ganaba adeptos y fieles que los apoyarían, dando así una imagen de ser un partido de éxito con el consecuente efecto arrastre que ello puede suponer a la hora de disipar el llamado voto útil".

En concreto, la causa se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción número 8, cuyo titular, Antoni Rotger, se abstuvo del caso por amistad con Nadal. Debido a esta circunstancia, las investigaciones recayeron en manos del de Instrucción 2, Pedro Barceló.

El propio Rotger impuso una fianza civil de 1,6 millones de euros a UM, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por dedicarse a hacer "proselitismo, propaganda y apología de su idea política" con la labor de estos empleados y utilizando, por tanto, fondos públicos para fines partidistas.

OTRAS CAUSAS CENTRADAS EN UM

Junto al caso Picnic, otras causas como Voltor y Maquillaje indagan en esta misma línea la supuesta captación de votos por parte de UM y la posterior contratación irregular de distintas personas, principalmente pertenecientes a colectivos sudamericanos, en organismos públicos y empresas privadas por haber votado a la formación, disuelta en febrero de 2011 a raíz de las numerosas causas de presunta corrupción que pesaban a sus espaldas.

Entre la distinta documentación recabada, se encuentran las confesiones de numerosos ciudadanos que en su día pusieron en conocimiento de los investigadores cómo UM, durante la campaña electoral previa a los comicios municipales y autonómicos de 2007, habría tratado de conseguir el voto a cambio de distintos ofrecimientos, como dádivas o recompensas por ejercer el derecho al sufragio en favor del extinto partido.

"Me dijeron que si quería ganarme un dinerillo que votara a UM, que ganaba ochenta euros". Es lo manifestado de modo literal por una de las ciudadanas afectadas por esta presunta trama electoral, quien recordaba cómo cuando entró en una panadería de Es Molinar la dependienta le preguntó: "¿No tienes trabajo ni dinero? Porque no quieres, porque votando a UM te pagan ochenta euros".

DISOLUCIÓN DEL PARTIDO 'UEMITA'

Cabe recordar que el estallido del caso Voltor, en febrero de 2010, llevó al entonces presidente del Govern, Francesc Antich (PSIB), en medio de una crisis sin precedentes en el Ejecutivo balear, a expulsar a todos los cargos ejecutivos de UM de las principales instituciones de las islas. Se rompía así el pacto de gobernabilidad firmado con la formación 'uemita' en 2007.

Un año después, en febrero de 2011, el partido regionalista se disolvió acuciado por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas.