El juez imputa a Nadal por el desvío de más de un millón de euros públicos

El juez Pedro Barceló ha imputado al expresidente de Unió Mallorquina (UM), exconseller de Turismo del Govern y exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal en el marco del caso Picnic, que investiga un presunto desvío de más de un millón de euros municipales a hacer proselitismo y propaganda de la ideología de la extinta formación política.

Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha citado a declarar a Nadal el próximo 26 de noviembre, jornada para la que también a emplazado a comparecer como imputados a la exnúmero dos de UM en Palma y exconcejala Cristina Cerdó, al exconseller de Deportes del Govern Mateu Cañellas y al exconseller insular de Economía y Hacienda Miquel Àngel Flaquer.

La citación de Nadal y Cerdó se produce después de que una exintegrante del partido relatase en calidad de testigo ante el juez cómo la exalto cargo de UM le ofreció un sobre con 60.000 euros, en billetes de 500, a cambio de recabar votos a favor del sector liderado por la propia Cerdó y por Nadal en los procesos internos de UM de 2009.

Durante su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 8, la declarante recordó que Cerdó le dijo que "si ella y su gente votaban por Miquel Nadal, tendría una buena recompensa", si bien la testigo rechazó el ofrecimiento de la exregidora de Medio Ambiente.

Según puso de manifiesto la testigo, de 70 años, "también llamaron a otras personas para pedir el voto para Nadal", aseverando que "la idea era hacer desaparecer políticamente" a Mateu Cañellas a fin de que éste "no sacara votos para ocupar ningún cargo".

Precisamente, en un escrito que el propio Cañellas presentó en otro Juzgado, el exatleta aludía a los 60.000 euros como unos fondos que, aseveraba, podrían proceder "de los recursos económicos ilícitos de los que disponían algunos dirigentes de UM y, en este caso concreto, de la regiduría de Medio Ambiente o la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya), controladas directa y firmemente por Cristina Cerdó".

En el marco de estas pesquisas, la Fiscalía Anticorrupción apunta a que desde la Concejalía se contrataron inspectores medioambientales que en realidad habrían llevado a cabo labores particulares para UM con la realización de encuestas puerta a puerta para deducir la afinidad de los ciudadanos hacia la formación nacionalista, unos datos que posteriormente eran utilizados para que los agentes visitasen únicamente a los potenciales votantes para ofrecerles excursiones en las que conseguir nuevos afiliados.

De hecho, mediante el auto por el que el juez dictó prisión bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de 100.000 para Cortés -posteriormente rebajada a 65.000-, el magistrado aseveraba que con la contratación de gente afín a la formación (los informadores medioambientales) el partido "se ganaba adeptos y fieles que los apoyarían, dando así una imagen de ser un partido de éxito con el consecuente efecto arrastre que ello puede suponer a la hora de disipar el llamado voto útil".

El caso centra incluso parte de sus pesquisas en averiguar si la formación regionalista utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención de unos 300.000 euros aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.

En concreto, la causa se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción número 8, cuyo titular, Antoni Rotger, se abstuvo del caso por amistad con Nadal. Debido a esta circunstancia, las investigaciones recayeron en manos del de Instrucción 2, Pedro Barceló.

OTRAS CAUSAS CENTRADAS EN UM

Junto al caso Picnic, otras causas como Voltor y Maquillaje indagan en esta misma línea la supuesta captación de votos por parte de UM y la posterior contratación irregular de distintas personas, principalmente pertenecientes a colectivos sudamericanos, en organismos públicos y empresas privadas por haber votado a la formación, disuelta en febrero de 2011 a raíz de las numerosas causas de presunta corrupción que pesaban a sus espaldas.

Entre la distinta documentación recabada, se encuentran las confesiones de numerosos ciudadanos que en su día pusieron en conocimiento de los investigadores cómo UM, durante la campaña electoral previa a los comicios municipales y autonómicos de 2007, habría tratado de conseguir el voto a cambio de distintos ofrecimientos, como dádivas o recompensas por ejercer el derecho al sufragio en favor del extinto partido.

"Me dijeron que si quería ganarme un dinerillo que votara a UM, que ganaba ochenta euros". Es lo manifestado de modo literal por una de las ciudadanas afectadas por esta presunta trama electoral, quien recordaba cómo cuando entró en una panadería de Es Molinar la dependienta le preguntó: "¿No tienes trabajo ni dinero? Porque no quieres, porque votando a UM te pagan ochenta euros".